La Comisión de Trabajo de la Cámara alta, cuyo presidente es el senador santacruceño Alfredo Martínez, se reunirá este martes para tratar un dictamen relacionado con la fertilización asistida.

El cuerpo que lidera Martínez se juntará, a partir de las 16.30, en el Salón Arturo Frondizi del Anexo del Senado y analizará un texto que ya fue avalado por la Comisión de Salud de la Cámara alta, que firmó un despacho de mayoría que propone, en su primer artículo, que se incorpore “al Programa Médico Obligatorio (PMO), aprobado por resolución 201 de 2002 del ministerio de Salud, como prestaciones obligatorias y garantizadas, las técnicas de reproducción médicamente asistida”.

La iniciativa en cuestión deja en claro que se “encuentran incluidas dentro de la cobertura todas las consultas, estudios, diagnósticos, tratamientos terapéuticos, medicamentosos o no, y demás prácticas de fertilización humana médicamente asistida, desde las de baja hasta las de alta complejidad, según lo establezca la autoridad de aplicación –será el ministerio de Salud de la Nación-, de conformidad con el estado y avance de la ciencia y la técnica”.

Además, el “embarazo, parto y posparto que sean producto de técnicas de fertilización humana médicamente asistida” gozarán “de la cobertura del Plan Materno Infantil, así como la atención neonatológica y pediátrica del recién nacido”.

El dictamen fue consensuado en base a diez iniciativas que fueron presentadas por Ana María Corradi de Beltrán y Ada Itúrrez de Cappellini (Santiago del Estero), y Elena Corregido (Chaco), del Frente para la Victoria (FpV); Roberto Basualdo (San Juan) y Sonia Escudero (Salta), del Peronismo Federal; Horacio Lores (Neuquén), del Movimiento Popular Neuquino (MPN); Cano, Mario Cimadevilla (Chubut) y Laura Montero (Mendoza), de la Unión Cívica Radical (UCR); y Adriana Bortolozzi (Esperanza Federal).

Corregido explicó en un comunicado que de los diez proyectos presentados, nueve eran restrictivos al referir -de una u otra manera- a la infertilidad como enfermedad, aunque en el despacho que se finalmente se firmó se tuvo en cuenta su texto, que sostiene el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la considera como “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

La legisladora chaqueña detalló: “Con este concepto de la OMS no se deja afuera a muchas personas que, sin ser infértiles, son infecundas involuntarias, como puede ser el caso de mujeres solas o parejas de un mismo sexo”.

El dictamen expresa que en el ámbito del ministerio de Salud se creará el Consejo Consultivo Médico de Fertilización Asistida, que “estará integrado por tres miembros designados por el ministro de Salud del siguiente modo: uno por sí mismo; uno, a propuesta de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva; y uno, a propuesta de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina”.

Dicho consejo tendrá que “asesorar a la autoridad de aplicación en todo lo concerniente al estado y avance de la ciencia, y la técnica, en lo atinente a la fertilización humana médicamente asistida; dictaminar sobre las cuestiones que sean sometidas a su consideración por la autoridad de aplicación”; y “evaluar los resultados y progresos que surjan de la aplicación de las técnicas a que se refiere la presente ley”.

Personal de casas particulares

Hace unas semanas que el debate en relación con el proyecto de ley sobre el personal de casas particulares, que volverá a ser tratado este martes por la Comisión de Trabajo, se enfrió en el Senado. Fuentes legislativas detallaron a Parlamentario.com que “hay dos aspectos fundamentales” en cuanto a los cambios que necesita el texto. El primero está relacionado con el artículo 1, que equipara al personal de casas particulares a la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Esta norma, en su segundo artículo –Ámbito de Aplicación-, expresa que dichas disposiciones no serán aplicadas a “los trabajadores del servicio doméstico”.

La otra cuestión es que el proyecto incorpora la figura del trabajador de casas particulares al convenio colectivo de trabajo. La pregunta es cómo se haría una paritaria a la hora de discutir aumentos de haberes. En la iniciativa enviada por el Ejecutivo, se dejaba en claro que dicha tarea iba a ser realizada por el ministerio de Trabajo de la Nación.

Otro de los problemas mencionados por las fuentes es que hubo una alerta desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en cuanto a la destrucción de trabajos –en blanco, se habla de entre 30 y 35 mil- de empleados de casas particulares desde que el proyecto comenzó a ser tratado en la Cámara baja -Diputados lo aprobó el 16 de marzo-. Además se agrega que con la iniciativa aumentan los costos por aportes y por las aseguradoras de trabajo.

Desde que se congeló el tema en el Senado, comenzó a circular otra versión por los pasillos de la Cámara alta, que dice que las modificaciones a la iniciativa aprobada por Diputados son necesarias para que “no se genere una nueva caja sindical”.