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Jueves 19 de septiembre de 2019
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Radicales insisten en denunciar un acuerdo entre el Pro y el kirchnerismo para designar jueces
La conducción partidaria emitió un comunicado en el que expresaron que “deploran profundamente” esa negociación, en la que involucraron al propio jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.
14 de noviembre de 2011
“La UCR deplora profundamente el acuerdo del PRO con el oficialismo respecto de la designación de jueces federales, en el que estuvo involucrado hasta el propio jefe de Gobierno de la Ciudad, lo que alienta todo tipo de suspicacias, y reivindica la actitud de sus representantes en el Consejo de la Magistratura, quienes no sólo se pronunciaron enfáticamente en contra del acuerdo sino que seguirán defendiendo sin desmayos la independencia de los jueces y la transparencia en sus nombramientos”. Esas expresiones son parte de un comunicado difundido por la Unión Cívica Radical, suscripto por su titular y los jefes de bancada, en el que aseguran que la credibilidad de los jueces es “la única fuente de legitimidad de las decisiones judiciales”.

A juicio de los legisladores nacionales de la UCR, “la credibilidad de los jueces es la única fuente de legitimidad de las decisiones judiciales. Por ello, hay que ser particularmente exigentes respecto de la transparencia del proceso de designación de los jueces, para que no quepan dudas acerca de la idoneidad e integridad moral de los aspirantes”.

“Lamentablemente, existe hoy un extendido reclamo ciudadano acerca de la eficacia del funcionamiento de la justicia y una sensación de impunidad respecto de los delitos de corrupción vinculados al poder”, señalaron los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales, y el diputado Ricardo Gil Lavedra.

Los radicales apuntaron que “la reciente decisión de la mayoría del Consejo de la Magistratura de la Nación, merced a un insólito acuerdo del oficialismo con el Pro y un abogado que dice responder a esa fuerza política, con relación a la selección de los candidatos a cubrir cuatro juzgados federales en lo criminal de la capital, lejos de contribuir a despejar las dudas en torno a la independencia e imparcialidad de los jueces, las agrava. Precisamente porque se trata de tribunales estratégicos en materia de lucha contra la corrupción y de control de los funcionarios federales”.

Puntualizaron los legisladores radicales que “el conocido concurso 140 del que surgieron las ternas de magistrados estuvo rodeado de la peor de las irregularidades: la sospecha que se hizo una trampa ignominiosa en el concurso: facilitar los temas de antemano a algunos de los concursantes. No se puede claudicar frente a la inmoralidad, ese concurso debe realizarse nuevamente, incluso para despejar toda duda acerca de la buena fe y honorabilidad de la mayoría de quienes participaron en él”.

Para Sanz, Morales y Gil Lavedra, “no pueden tampoco esgrimirse razones pragmáticas ni de conveniencia. En materia de principios no hay mal menor posible. Se los defiende a ultranza sin excepciones o se sucumbe en el mismo lodo de la inmoralidad. Resulta estremecedor e inaceptable el episodio de que hubiera que arrancarle la renuncia a un concursante en el pasillo para satisfacer el acuerdo político”.