El diputado nacional del Frente Peronista Gustavo Ferrari rechazó enfáticamente las declaraciones radiales brindadas por el titular de la UIF José Sbatella en el sentido de que, a partir de la nueva ley contra el terrorismo sancionada en Diputados, empresarios podrían ser acusados de terroristas y “encarcelados por manipular mercados” y expresó su preocupación por considerarlas “autoritarias y peligrosas”.

“Espero que Sbatella no hable en nombre de la presidenta de todos los argentinos”, alertó el legislador acerca de las expresiones del titular de la UIF al respecto de la funcionalidad que pretende darle a la nueva normativa anti-terrorismo y lo instó a “rectificar sus dichos, y así dejar tranquilos a todos los que queremos vivir en libertad”.

El legislador fue autor de un proyecto de ley alternativo al impulsado por el Ejecutivo que define concretamente el delito del acto terrorista, con un tipo penal cerrado, que delimite contra quien es el acto, con que medio se ataca y cuál es el fin de ese atentado, a los efectos de evitar su aplicación discrecional o selectiva. La norma sancionada considera al terrorismo como un agravante de cualquier delito del Código Penal que tenga como resultado “aterrorizar a la población”, lo que deja abierta su interpretación a la discrecionalidad judicial.

“Me preocupa que el titular de la autoridad de aplicación de las normas antilavado y contraterrorismo haga una interpretación que genera la inseguridad jurídica de que cualquiera pueda ser considerado un terrorista. Así, sindicalistas, empresarios, políticos, todos podemos ser sospechosos y acusados de un delito tan grave”, puntualizó Ferrari.

“El tipo penal de terrorismo, que fundadamente exigimos esté lo más delimitado posible al bien jurídico que se pretende proteger, debe tener por finalidad perseguir el flagelo terrorista, a los enemigos de la sociedad, de la paz y del Estado, no tener el riesgo de ser utilizado para perseguir a adversarios políticos circunstanciales, como ya se hizo en otras oportunidades”, aseveró el legislador nacional.

A pesar de ello Ferrari explicitó que “no le sorprende que esta interpretación pueda existir, puesto que un tipo penal abierto puede dar lugar a utilizaciones no deseadas, a aplicaciones selectivas y a determinados abusos en el poder punitivo del Estado” y calificó de “grave error la decisión del oficialismo de no receptar las modificaciones propuestas en el debate”.

Por último, sostuvo que “la riesgosa interpretación de Sbatella es opuesta a los fundamentos esgrimidos en el mensaje del Proyecto del PEN, a los dichos del Ministro Alak en el seno de las Comisiones que trataron este proyecto, y a las negociaciones que llevamos adelante con el representante del bloque legislativo oficial”.