El proyecto, que tratará el cuerpo a partir de las 15.30, deroga cuatro artículos de la Ley de Solidaridad Previsional y obliga al Estado a pagar en el plazo de 120 días las sentencias que no le sean favorables.

En la sesión también se discutirá una convención internacional contra el dopaje en el deporte.

Pero en primer término se discutirá la reforma de la Ley 24.463 de Solidaridad Previsional, a través del cual se modifica el artículo 22 que de ahora en más establecerá que "las sentencias condenatorias contra la ANSES serán cumplidas dentro del plazo de ciento veinte días, que se calculará a partir de la recepción efectiva del expediente administrativo correspondiente".

Con ello, el Gobierno y el Congreso buscan dar una respuesta a las objeciones planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que había calificado como "violatorios" los artículos de la ley que trababan y dilataban el pago de las sentencias judiciales.

Actualmente, la ley 24.463 -impulsada por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo el 8 de marzo de 1995- permite el pago a los jubilados con sentencia judicial sólo si el Anses dispone de los recursos presupuestarios.

En mayo del 2005, la Justicia declaró inconstitucional el artículo 16 de la Ley de Solidaridad Previsional que obligaba al Estado a apelar las sentencias en contra relacionadas con la incorrecta liquidación de haberes jubilatorios.

El tratamiento de la propuesta, que aprobó la Cámara de Diputados el último 17 de mayo, se suma al fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó al Congreso que redacte una ley para actualizar los haberes superiores a 1.000 pesos mensuales.

El Senado intentará, además, votar un proyecto de ley tendiente a aprobar la Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte, adoptada en la 33 Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y que promueve la prevención y eliminación del dopaje en el deporte.