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Lunes 16 de septiembre de 2019
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No se pueden entregar las aguas del río Atuel a La Pampa
La Fiscalía de Estado avaló las pruebas presentadas por al senadora Laura Montero en relación al convenio firmado entre los gobernadores de Mendoza y la región pampeana sin el aval de la Legislatura provincial.
19 de septiembre de 2013
El convenio firmado entre Mendoza y La Pampa por el uso del Río Atuel no podrá llevarse adelante, ya que la Fiscalía de Estado difundió una resolución coincidente con las pruebas presentadas por la senadora radical Laura Montero, quien aseguró que nunca pasó por la Legislatura de su provincia.

La cuestión se remonta a la posibilidad de la provincia de irrigar 75.651 hectáreas de las que luego debe escurrir el agua hacia La Pampa, para lo que se realizó entre ambas provincias un convenio que no pasó por su debido tratamiento en las Legislaturas locales porque no contempla el tratamiento adecuado del agua a utilizar. El nivel del río a destinado para desagote se vería afectado, lo que traería aparejadas consecuencias contraproducentes para las zonas aledañas.

Es por eso que la senadora Montero sostuvo que ese convenio cedía a los Entes creados facultades sobre el agua que están reservadas constitucionalmente para la Provincia y el Departamento General de Irrigación.

En lo resuelto por la Fiscalía, se desprende que las pruebas ofrecidas por la legisladora mendocina concuerdan con los criterios coincidentes en la cuestión de fondo, y que el dictamen legal basa su rechazo en que el acuerdo ni siquiera fue tratado en la Legislatura mendocina, por lo cual el texto no estaría vigente en la provincia.

Además, dicho organismo expresa claramente que, si se llegara a concretar lo establecido sin aval legislativo ni judicial, el organismo emitirá una resolución contundente a favor de los derechos del agua en la provincia.

La parlamentaria expresó que “este convenio, insisto, es inconstitucional y claramente perjudicial para la provincia y en especial, al sur mendocino”, y que el contrato firmado “por el ex gobernador Jaque no cuenta con aval de la legislatura, no tiene consenso social, ni de la junta Honoraria de Inspecciones de cauces, ni de las subdelegaciones de agua de las cuencas sureñas. Se hizo entre gallos y medianoches y no se consultó a nadie”.

“Lo resuelto por la Fiscalía es claro, no interviene porque no tiene aval y no se ha concretado en los hechos, y deja trascender que de avalarse esto, su postura coincide con los planteos que ya realicé al respecto”, concluyó la senadora.