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Jueves 19 de septiembre de 2019
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Remo Carlotto cuestionó al juez Bonadío por la causa que investiga la fuga de represores
El diputado kirchnerista repudió la decisión del juez federal de negarle a una víctima de la dictadura a constituirse como querellante en la causa que investiga la fuga de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Argerich.
30 de septiembre de 2013
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Remo Carlotto, respaldó en el Congreso el pedido de Eloy Camus, víctima sanjuanina del terrorismo de Estado, de constituirse como querellante en la causa que investiga la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi.

En conferencia de prensa, Camus y Carlotto anunciaron que pedirán a la Cámara Federal de Apelaciones que revise la resolución por la que el juez Claudio Bonadío dictaminó que Camus no tiene “interés legítimo” para participar como querellante de la causa.

Olivera y De Marchi fueron condenados por crímenes de lesa humanidad; Camus fue uno de los tantos sanjuaninos que padeció la represión de los exmilitares. Ambos recibieron sus sentencias el 4 de julio de este año y 21 días después se escaparon del Hospital Militar Central Cosme Argerich, al que fueron trasladados por problemas psiquiátricos y dermatológicos.

El traslado al nosocomio porteño fue pedido precisamente por la psicóloga Marta Noemí Ravasi de Olivera, esposa del represor.

En el marco del encuentro desarrollado en el Salón José Luis Cabezas del Palacio Legislativo, Camus denunció la “complicidad” de “parte de la corporación judicial” y de “funcionarios del Ministerio de Defensa” en la escandalosa fuga.

“Nos ha costado mucho condenar a los represores en San Juan (…) No puedo permitir que hoy no sepa quiénes son los responsables o a quiénes está imputando Bonadío”, cuestionó.

Sostuvo entonces que seguirán insistiendo con el pedido para constituirse como querellantes de la causa: “no pedimos venganza sino justicia por lo que hicieron, no por lo que piensan”.

Su abogada, María Inés Fadel, afirmó que el dictamen de Bonadío es “incomprensible” y “escandaloso”.

En tal sentido, Carlotto sostuvo que la demanda de una “Justicia democrática y legítima tiene también que ver con la experiencia de limitaciones que han tenido las víctimas” en los juzgamientos a los represores.