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Lunes 23 de septiembre de 2019
OPINIÓN
Gendarmería Vs. Corrupción extendida
Por Aníbal Hardy
9 de septiembre de 2013
En medio de la inflación, cepo cambiario, inseguridad, corrupción, confusión, angustia y desilusión que dominan la escena política argentina, el Ministerio de Defensa, envía a la Gendarmería Nacional al Conurbano Bonaerense con la supuesta intención de contribuir a combatir el delito. Flagelo este que obligó al oficialismo a reconocer el problema de la inseguridad.

Nos han enseñado que el Estado es el cuerpo político que gobierna una Nación, garantiza la defensa nacional, mantiene la tranquilidad, el orden y la seguridad pública y dicta las leyes y reglamentos que regulan los derechos y las relaciones de las personas y las cosas de la propia sociedad así como la vinculación con las demás naciones. En esta definición, la primera función listada es la de garantizar la defensa nacional, y la institución responsable dentro del Estado para cumplirla son las Fuerzas Armadas, que es el brazo armado de la Nación, y este debe dotarlas de los medios para que puedan operar con eficacia en situaciones extremas de agresión, tanto externa como interna, que a juicio de las autoridades hagan necesaria su intervención.

La decisión del Ministerio de Defensa, en medio del envilecimiento de las condiciones de vida de los argentinos y sus pacíficas luchas reivindicativas de enviar a GN esperando que esta medida no sea una concentración de gendarmes, como una fuerza represiva contra los mismos ciudadanos hoy hastiados por la corrupción reinante. La realidad demuestra que corrupción esta profunda y muy arraigada, que va desde la asociación de la política con las organizaciones de trata de personas, la prostitución, el juego clandestino y la producción y tráfico de droga, hasta los grandes retornos y negociados cuyos beneficios terminan en parte en bóvedas y en cuentas off shore pertenecientes a funcionarios y empresarios.

Hoy el conjunto de las demandas sociales apunta, a un cambio de la orientación en la política económica, y transparencia en los actos de gobierno, el pueblo dio un aviso con los votos del PASO. Ante ello, es imperiosa la necesidad política de diferenciar lo legítimo del clamor popular, del espurio accionar de algunos activistas que asumen la violencia como método, y dotar a quienes tienen a su cargo de garantizar la paz interior de los recursos legales y técnicos para enmarcar su acción e impedir la confusión de objetivos. El rol de mantener el orden, la tranquilidad y la seguridad pública, otorga al Estado el monopolio del uso de la fuerza de fronteras hacia adentro. Esto está institucionalmente a cargo de las policías y especialmente la gendarmería y prefectura naval en las franjas que bordean al territorio. Los cuerpos que prestan el servicio deben generar un clima de confiabilidad y de corrección y equidad en los procedimientos como respuesta al desorden y a la delincuencia individual o colectiva que robustezca al Estado, fortaleciéndolo. Para ello las instituciones encargadas de la prestación deben contar con los medios adecuados, la cantidad de personal con alto nivel de instrucción necesaria y la retribución monetaria a ese personal, que las transforme en baluartes de la insobornabilidad y lealtad para con la sociedad que protegen.

En nuestro país, como consecuencia de las necesidades insatisfechas se fue instalando un clima de enfrentamiento entre hermanos, pueblo y fuerzas de seguridad, y es lamentable que el gobierno nacional con su política llena de vacilaciones, no advierta que los problemas sociales y económicos han llegado a un punto de constituir un hondo desafío cultural, que cuestiona nuestra identidad como pueblo.

En síntesis, la corrupción es quien va creando la inseguridad diaria, por la acción delictiva y por los abultados recursos que terminan por financiar estructuras partidarias y bolsillos de funcionarios, en vez de financiar una mejor educación, una excelencia en la salud, el trabajo social entre los marginados y sobre todo la creación de fuentes de trabajo que hagan libres a los ciudadanos de la maquinaria esclavista que tiene a los planes sociales como subyugador de voluntades.

Aníbal Hardy
hardyani@arnet.com.ar