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Sábado 19 de octubre de 2019
COYUNTURA
Una CONADEP de la corrupción
A través de un proyecto de ley, la diputada Claudia Rucci reavivó un viejo reclamo para crear una comisión dependiente del Congreso que investigue las contrataciones realizadas por el Estado en la década K. Una propuesta que se repite en las campañas electorales.
11 de octubre de 2013
La campaña electoral de cara al 27 de octubre no interrumpió, para muchos legisladores, la actividad legislativa. Sobre todo, para aquellos que lanzan anzuelos a las urnas en busca de renovar sus bancas. Tan es así, que la peronista opositora Claudia Rucci -a quien ya se vio protagonizando algunos de los afiches del denarvaísmo- volvió a la carga con un viejo anhelo de la oposición: la creación de una Comisión Nacional contra la Corrupción, o, en otras palabras, una “CONADEP de la corrupción”.

El proyecto de Rucci propone investigar las contrataciones realizadas por el Estado a partir del 25 de mayo de 2003, es decir, durante toda la década kirchnerista. La intención es, de alguna manera, emular lo hecho con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el organismo que revisó las violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

En realidad, la iniciativa no es novedosa y parece ser un dardo que oficialismo y oposición se disparan entre sí cada vez que los comicios se asoman. En vísperas de las elecciones de 2007, el entonces candidato a gobernador de San Luis por el kirchnerismo, Daniel Pérsico, había prometido investigar presuntos hechos de corrupción de las gestiones de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. “Han hecho muchísimas obras, pero de mala calidad”, había afirmado. En 2010, el entonces vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, había deslizado la misma propuesta en caso de llegar al Gobierno. La idea del mendocino era, según trascendidos, la de “hacer caer al kirchnerismo y sus aliados”, entre ellos el propio líder de la CGT, Hugo Moyano, por aquel tiempo fiel al kirchnerismo. Ahora que el exgobernador tiene casi asegurado su retorno al Congreso -esta vez con una banca en Diputados-, no sería de extrañar que reflotara el proyecto. Ese mismo año, los diputados mandato cumplido Rubén Lanceta y Silvana Giudici elevaron una propuesta similar para crear una Comisión Nacional por Delitos de Corrupción (CoNaDelCo). El tema también fue remontado hace dos años por otro radical, Ernesto Sanz, en su lanzamiento como precandidato a presidente. Más cerca en el tiempo, el candidato bonaerense de FE, Gerónimo “Momo” Venegas, se sumó a estos planes, “para que nunca más –parafraseó- unos delincuentes amparados en el poder estatal se enriquezcan a costa de la pobreza y el saqueo de nuestros recursos”.

En el proyecto de Rucci, la “Comisión Nacional contra la Corrupción” estaría destinada a “recuperar” el rol de contralor del Congreso sobre el Poder Ejecutivo. El cuerpo quedaría integrado por diputados, senadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos del Estado vinculados al tema. El texto fija los objetivos de “prevenir y promover la investigación y posterior denuncia judicial de presuntas acciones delictivas e impulsar la recuperación de los activos obtenidos quebrantando las leyes” durante los últimos diez años. Para la peronista opositora, “la corrupción, el acostumbramiento y la naturalización que se produjo frente a ella, son responsables de gran parte de los males que sufren la Argentina y los argentinos”. Así lo considera sobre un Gobierno rozado por casos tales como adjudicaciones sospechosas de obras en Santa Cruz, la valija de Antonini Wilson, el caso Skanska o el de la exCiccone. “Tenemos que tomar con seriedad el problema, actuar con firmeza y generar la legislación necesaria para combatirla con todas nuestras energías”, pide la legisladora.

Junto con la creación de la comisión, Rucci presentó otros dos proyectos complementarios que promueven “limitar la chance de que ocurran hechos de corrupción en las contrataciones del Estado” y modificar la modalidad de designación del titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF). “Debemos erradicar para siempre la impunidad de quienes usan sus posiciones de poder para apropiarse de bienes y recursos del Estado, que después se transforman en carencias en seguridad, salud, educación o transporte”, sostiene Rucci, para quien “esto debe alcanzar a todo funcionario público sin excepción, desde el de menor rango hasta quien ejerza el más alto cargo”. En tanto, una pila de proyectos de todo el arco opositor para declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción duerme el sueño de los justos.