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Viernes 28 de noviembre de 2014
OPINIÓN
Qué hacer con la oferta y la demanda de drogas
Por Jorge Horacio Gentile. El profesor de Derecho Constitucional analiza el avance del narcotráfico en nuestro medio. El acuerdo Cristina-Francisco.
28 de octubre de 2013
Frente al incremento del consumo y el tráfico de drogas llama la atención:

la acefalía de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR); las 14 balas destinadas al gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti; las investigaciones judiciales en las policías de Santa Fe y de Córdoba; el descubrimiento en Sinsacate de 583 kilos de cocaína, seguramente procedente de Bolivia, y el otorgamiento del quinto título de Doctor honoris causa al presidente de ese país, Evo Morales; y que nunca se haya investigado el circuito por el que fluyen los dineros del narcotráfico.

La SEDRONAR, dependencia de la Presidencia de la Nación creada en 1989 (cuando se dictó la ley 23.737 de Estupefacientes), es la responsable de coordinar las políticas nacionales de lucha contra las drogas (reducir su oferta y demanda) y las adicciones.

En diciembre de 2011 se le aceptó la renuncia a su secretario José R. Granero -un amigo de Néstor Kirchner, contrario a la despenalización de la tenencia de drogas-, luego que la Corte Suprema en el caso “Arriola” (25/8/ 2009) declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de drogas para el consumo, y en el marco de una feroz interna desatada por el hoy senador Aníbal Fernández que impulsaba una ley de despenalización.

Lo reemplazó el ex canciller Rafael Bielsa que, al asumir, propuso una “reingeniería total” del organismo y expresó su preocupación por el alto consumo del paco. Aprobó su nueva estructura organizativa, disminuyó el presupuesto destinado a publicitar la lucha contra las drogas, y cerró la mayoría de los centros de atención a los adictos. Mientras se trataba de sancionar la ley de despenalización de la tenencia de drogas, lo que contrariaba las fatales consecuencias que en poco tiempo causaba el consumo de paco en las villas de emergencia.

Pero el “acuerdo entre Cristina y Francisco”; que según fuentes oficiales, se plasmó en la audiencia que el Sumo Pontífice le concedió a Cristina Fernández de Kirchner, cuando asumió en marzo pasado; archivó la idea de dictar la ley y precipitó la renuncia de Bielsa, el que aún, extrañamente, no fue reemplazado.

Nadie discute que la cocaína viene de Bolivia y la marihuana de Paraguay, pero, también es extraño, que con estos países no se haya intentado acordar algo que lo impida, salvo el incumplido acuerdo que firmó el Ministro de Justicia, Aníbal Fernández en La Paz en diciembre de 2008, con el Gobierno boliviano para luchar contra las drogas y el transporte de las sustancias químicas usadas para fabricar cocaína, y coordinar las fuerzas de seguridad de ambos países para reprimir al narcotráfico, dejando a salvo que la hoja de coca es inofensiva para la salud.

Sin embargo, el ingreso, procesamiento, tránsito y exportación de esta droga es cada vez más intenso, y, a pesar de ello, a Evo Morales, presidente de ese país y ex presidente del Consejo Andino de Productores de Coca y la Confederación de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, se lo distinguió con el título de Doctor Honoris Causa en las Universidades Nacionales de Córdoba, de Lanús, del Comahue, de Río Cuarto y la Popular Madres de Plaza de Mayo.

En Rosario y en Córdoba se detectaron vínculos entre policías y el narcotráfico, que motivaron la remoción de personal y la cúpula policial. En la provincia mediterránea, además, se descubrieron faltantes de drogas secuestrada por jueces federales. Nadie duda que el atentado contra la vida del gobernador Bonfatti provenga del narcotráfico.

No hay investigaciones destinadas a desbaratar el circuito financiero del narcotráfico, las fronteras son una coladera, son muchas las pistas de aterrizaje clandestinas, no hay radares y los kioscos se multiplican debajo de las zapatillas colgadas de los cables.

La oferta

Parece haber llegado el momento de concertar una política de estado que con energía intervenga en el combate contra la oferta de drogas, para lo cual habría que crear una agencia federal, con personal especializado, que con recursos suficientes, la ejecute; y que coordine el accionar de las policías: federal, aeroportuaria y de las provincias; de la gendarmería, la prefectura, los Servicio de Inteligencia, la Aduana, las Fuerzas Armadas; y que colabore con los tribunales federales y provinciales, y con la Cancillería, para acordar con otros países el combate contra el narcotráfico.

Esta agencia deberá implementar un mejor control de las fronteras, de las rutas –terrestres, aéreas y fluviales- donde transitan las drogas y los insumos con las que se la trata, de las pistas de aterrizaje, de los radares –que hay y que deberán instalarse-, de las cocinas y quienes la venden y, muy especialmente, de los recursos financieros que genera este vil negocio. No me convence autorizar el derribo de aviones.

En los Estados Unidos, ante una situación parecida y en la presidencia de Richard Nixon (1/7/73), se creó la DEA (Drug Enforcement Administration, o sea la: Administración de cumplimiento de leyes sobre las drogas), que es una agencia del Departamento de Justicia dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas. De este modo se quería que una agencia federal única asumiera las competencias federales en esta materia, coordinara las actividades gubernamentales en el control de estupefacientes, y en ella se fusionaban todas las reparticiones dedicadas a las drogas.

La demanda

También habría que crear otra agencia que se ocupe de la demanda y que coordine a los organismos dedicados a la educación, la prevención y la asistencia de la población en general, de los consumidores y de los adictos a las drogas; y que coordine el accionar de los municipios, las provincias, el gobierno federal, las universidades, las iglesias y las ONG dedicadas a estos propósitos.

Si no asumimos éste desafío las generaciones futuras, con razón, nos lo van a reprochar.

Córdoba, octubre de 2013.



El autor es profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba y fue diputado de la Nación.