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Domingo 18 de noviembre de 2018
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Asociaciones y juristas respaldaron la creación de un fuero para consumidores
Sin embargo, objetaron que el proyecto oficial no contemple la posibilidad de hacer reclamos colectivos. Y criticaron la Ley de Abastecimiento por la “discrecionalidad” que tendrían los funcionarios.
2 de septiembre de 2014
La Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados se adelantó al debate sobre los proyectos del Ejecutivo y recibió este martes a asociaciones y juristas de los tribunales dedicados a esta materia, que expresaron un amplio apoyo a la creación de un fuero especial para estos reclamos.

No obstante, objetaron que el proyecto oficial no contemple la posibilidad de hacer reclamos colectivos y criticaron la “discrecionalidad” que tendrían los funcionarios con la actualización de la Ley de Abastecimiento.

Al abrir el encuentro, la presidenta de la comisión, Patricia De Ferrari (UCR) advirtió que sólo el proyecto de creación de un fuero especial “realmente puede ser pensado para el consumidor”, mientras que el resto “no termina con las prácticas abusivas”.

La radical dijo que “a 20 años de la reforma constitucional”, los derechos de los consumidores que fueron incorporados “tienen que tener una operatividad mayor”.

Héctor Polino (Consumidores Libres) consideró un “hecho histórico” la creación de un nuevo fuero y sostuvo que “es importante la etapa de conciliación obligatoria, así como las multas a los empresarios que falten a esa audiencia”.

Pero cuestionó que con el proyecto oficial los usuarios sólo puedan presentar reclamos cuyo monto no exceda un valor equivalente a 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. “¿Por qué se establece ese techo?”, se preguntó.

Por otra parte, Polino alertó que con la nueva Ley de Abastecimiento se eliminará el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y “esas atribuciones pasarán al secretario de Comercio”, al recordar que quien ocupó el cargo hasta noviembre del año pasado, Guillermo Moreno, sancionó a Consumidores Libres “sólo por haber hecho un relevamiento de precios”.

Además, explicó que tanto la ley vigente como la reforma propuesta por la Casa Rosada “son ineficaces para resolver los problemas que hoy tiene la economía y los constantes aumentos de precios”, por lo que reclamó una “política antiinflacionaria”.

A su turno, Fernando Blanco Muiño (Unión de Consumidores de Argentina) destacó que el fuero para consumidores es “un paso histórico” ya que “da la posibilidad de contar con un área de la Justicia para las cuestiones de consumo, que hoy están dispersas en distintos fueros”.

Sin embargo, propuso que “este fuero no se circunscriba al reclamo individual” sino que dé la posibilidad de realizar demandas colectivas. “Así le estaríamos dando tratamiento a muchísimos reclamos que hoy no se pueden realizar”, dijo.

Miguel Ángel Dedios, docente y abogado especializado en defensa de la competencia, coincidió con Polino en que la nueva Ley de Abastecimiento “limpia de un plumazo” el tribunal de esa área y “aumenta el grado de discrecionalidad en la toma de decisiones”, además de ser “un diseño institucional que hoy no aplica nadie en el mundo”.

Por el Comité de Defensa del Consumidor (CODELCO), Guillermo Durand Cornejo –quien también es diputado nacional por Unión Pro- celebró el proyecto sobre el nuevo fuero y consideró que fue un “amortiguador” de los otros dos.

Auguró que “las asociaciones son las primeras que van a desaparecer” y que la nueva Ley de Abastecimiento será declarada inconstituciona, además de cuestionar que “lo único que pretende es empoderar más al Estado”.

Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, se diferenció de esto último y opinó que la norma “le da herramientas al Estado para participar de la economía, porque sino las que lo hacen son las grandes corporaciones”.

Sobre el nuevo fuero, dijo que solucionará “la alta conflictividad” de los reclamos “que genera resignación en los usuarios” ya que “las empresas usan como estrategia el incumplimiento”.

Por último, destacó que el observatorio de precios subsanará “la falta de información del Estado sobre las cadenas de valor”.

También expusieron entre otros Ricardo Nasio (Proconsumer) y Antonino Serra Cambaceres (Consumers International).