Los funcionarios brindaron un informe acerca de la situación de la lucha contra las drogas en la Argentina. Si bien se había cursado invitación a los responsables de combatir el narcotráfico en las fuerzas de seguridad federales, ningún representante se hizo presente en la reunión. Según pudo saberse, no fueron autorizados por el Ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández.

Estuvieron presentes los senadores: César Gioja (San Juan/FpV-PJ); Delia Pinchetti (Tucumán-Fuerza Republicana); Isabel Viudes (Corrientes-Partido Nuevo); y Roberto Basualdo (San Juan-Frente Producción y Trabajo).

El traspaso de los delitos menores por tráfico de estupefacientes de la Justicia Federal a la provincial –ley que se aprobó a fines de 2005 y a la que adhirieron Buenos Aires y La Rioja- fue el primer tema abordado. En tal sentido, Roberto Silva se pronunció favorablemente sobre la implementación de la ley. Resaltó que el compromiso activo de todos los jueces y fiscales, sumado a las tareas de inteligencia ordenadas a raíz de denuncias telefónicas –a través del 911 y los 0800 habilitados- se tradujo en un “incremento de las causas por pequeño tráfico en la provincia”.

Silva también se refirió al consumo del paco (sulfato de cocaína) –fenómeno que preocupa sobremanera por estos días. Contrariamente con lo que podía suponerse, indicó que de acuerdo con los procedimientos realizados por la Policía Bonaerense, no es la sustancia que se encuentre con mayor frecuencia, sino “una versión muy cortada de clorhidrato de cocaína”. Aunque advirtió: “no importa cuál sea su versión, no debemos dejar de preocuparnos pues sigue siendo cocaína”. Por último, explicó que la cartera que conduce León Arslanian lleva adelante tres proyectos de investigación: uno que tiene que ver con el paco, otro sobre los laboratorios o cocinas clandestinas de producción de cocaína, y uno sobre drogas sintéticas.

Por su parte, el Dr. D`Angelo de la SEDRONAR habló de los desafíos de llevar adelante un programa de prevención. Dijo que usar el miedo como método de prevención no da resultados y tampoco las charlas con expertos que expliquen los peligros del abuso del consumo de drogas.

El especialista destacó que el problema debe encararse desde tres aspectos: médico –pues la drogadicción es una enfermedad-; ético-jurídico porque el consumo está penado por ley; y social. “Descontextualizar el problema del consumo de drogas del entorno social sólo nos llevará a caminos equivocados”, indicó. Asimismo, habló de la importancia de realizar los Programas de Prevención teniendo en cuenta las particularidades regionales, pues deben diseñarse de acuerdo a la idiosincrasia, costumbres y hábitos de las personas a quiénes está dirigido.

“Uno de las prioridades en materia legislativa para el presente año en esta comisión, serán aquellos proyectos relacionados con la prevención del consumo de drogas y la lucha contra el narcotráfico – recordó Sonia Escudero en el encuentro realizado esta tarde-, por tal motivo consideramos de vital importancia contar con la opinión de los expertos en la materia para avanzar en el tratamiento de los mismos”.

Los proyectos de ley actualmente en estudio en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico son:

* Proyecto de Ley venido en revisión que crea el Programa Nacional para la Prevención de adicciones y consumo de drogas.

* Proyecto de autoría del senador Basualdo por el cual se crea el Programa Nacional “En Familia Todo es Posible”, destinado a la contención de familias que tengan miembros con adicción a las drogas.

* Otro proyecto del senador Basualdo sobre Programa Nacional de Deporte Sano.

* Una iniciativa de la senadora chaqueña Mirian Curletti creando el “ Programa Nacional de Prevención y Lucha contra la pasta de cocaína.

* Proyecto de autoría de los puntanos Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saa creando el Programa de contención para los niños, niñas y adolescentes víctimas por el consumo de la pasta base de cocaína (PBC).

* Un proyecto del Senador Ramón Saadi prohibiendo la venta a menores de productos inhalantes.

* Una iniciativa de autoría de la senadora Escudero agravando las penas previstas para aquellos productores de precursores químicos que incumplan con sus obligaciones.