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Miércoles 22 de mayo de 2019
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Sindicatos y asociaciones de prensa repudiaron el protocolo de seguridad
En una concurrida audiencia convocada por el SiPreBA con participación de diputados nacionales, se denunció el “corralito periodístico” producto de la medida “antipiquetes”.
17 de marzo de 2016
Diputados nacionales, sindicatos y asociaciones de trabajadores de prensa y organismos de derechos humanos repudiaron este jueves en el Congreso el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

La audiencia fue convocada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y contó con la participación de los diputados Federico Masso (Libres del Sur), Miriam Bregman (PTS) y Soledad Sosa (PO).

El secretario general del gremio, Fernando Dondero, denunció que las acciones descriptas en el protocolo impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “atentan contra la libertad de expresión y de informar adecuadamente a la sociedad”.

Dondero dio lectura a un comunicado que suscribieron los gremios de prensa de Rosario, Córdoba y Santa Fe, la Asociación de Reporteros Gráficos (Argra) y la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren).

La iniciativa del Poder Ejecutivo “nos afecta como trabajadores y ciudadanos” y “no aceptamos limitar nuestros movimientos a una ‘zona determinada’”, advirtieron, y recordaron el rol central de la prensa para esclarecer los asesinatos de Darío Santillán, Maximiliano Kosteki y Mariano Ferreyra.

“Es un protocolo ‘antipiquetes’ y ‘antiprensa’. No vamos a aceptar que nos encierren en un corralito”, advirtió Tomás Eliaschev, secretario de Derechos Humanos del SiPreBA. “Los trabajadores de prensa somos la mejor garantía para que la libertad de expresión no sea una consigna vacía sino una realidad palpable”, destacó el periodista.

Señaló que “las fuerzas de seguridad no son confiables y queremos estar ahí cuando avancen contra las movilizaciones”, al tiempo que rechazó “los zócalos de TV que piden aplicar el protocolo” y destacó “la necesidad de discutir los contenidos de los medios”.

Flavio Frangolini, secretario de organización de Fatpren, señaló que el protocolo “lesiona gravemente la libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado” y que el objetivo del gobierno es “impedir coberturas sobre la actuación de fuerzas de seguridad en las movilizaciones”.

“No necesitamos resguardarnos de los manifestantes porque nunca los ataques a la prensa provinieron de manifestantes; sí de las fuerzas de seguridad”, alertó. “Para cuidarnos basta que no nos peguen”, agregó el dirigente de Fatpren --que nuclea a 33 sindicatos de prensa-- y advirtió que “estamos dispuestos a resistir este protocolo en todo el país”.

Ezequel Torres, presidente de Argra, manifestó el rechazo de la asociación “al corralito periodístico”, coincidió en que “apunta a ocultar acciones represivas cuando no ilegales” y señaló que “como reporteros gráficos hacemos responsable al gobierno nacional y a la ministra Bullrich por la integridad de todos los trabajadores de prensa”.

León Piasek, abogado del SiPreBA y titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, manifestó su rechazo “a cualquier limitación a la protesta social”; repasó antecedentes como la Ley Antiterrorista o el Proyecto X, y repudió la pretendida equiparación entre el derecho a circular por la vía pública con derechos fundamentales como el derecho a la vida o la libertad de expresión.

“El derecho a la libertad de expresión es el fundamento más importante de la vida democrática”, citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la periodista Claudia Acuña en representación de la Asociación de Revistas Culturales Independientes (Arecia).

“En 2005 la CIDH estableció claramente que periodistas y camarógrafos no pueden ser molestados, detenidos o sufrir cualquier limitación”, recordó, y señaló que el documento de Bullrich implica “un amedrentamiento y una amenaza para desmovilizar, para que no nos organicemos y no salgamos a las calles”.

“Si el pueblo está en la calle exigimos poder demostrarlo”, afirmó el periodista Luis Angió, de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). “Cubrimos todas las protestas porque somos parte de ellas”, apuntó.

Angió recordó que el 12 de marzo se cumplieron tres años del desalojo de la Sala Alberdi por parte de la Policía Metropolitana, durante el cual dos reporteros gráficos de medios alternativos resultaron heridos con balas de plomo, y destacó que la causa llegará este año a juicio oral y público.

También hicieron uso de la palabra los abogados Diego Morales (CELS), María del Carmen Verdú (Correpi) y Claudia Ferrero (Apel); el secretario general de ATE, Hugo Godoy; Santiago Gándara (AGD-UBA) y los delegados Randy Stagnaro (Tiempo Argentino) y Rubén Schofrin (Perfil).

En tanto, enviaron su adhesión Héctor Recalde (Frente para la Victoria) y Adolfo Pérez Esquivel en representación de la Comisión por la Memoria bonaerense.