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Domingo 25 de agosto de 2019
LEGISLATURA BONAERENSE
Los proyectos urgentes de Vidal
El Ejecutivo presentó los tres proyectos de ley en la Cámara de Senadores, Cuerpo que además avanzará con la sanción de la declaración de la Emergencia en Infraestructura.
24 de marzo de 2016
Tal como lo anticipó en la Asamblea Legislativa, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, envió a la Legislatura un paquete de iniciativas que son prioridad para la nueva gestión.

Se trata de los proyectos de ley de Emergencia Administrativa, de Modernización del Estado y el de Declaraciones Juradas. Los tres ingresaron por la Cámara de Senadores y se espera que comiencen a ser debatidos a la brevedad. Además, la Cámara alta avanzará con la sanción de la declaración de la Emergencia en Infraestructura, iniciativa que ya cuenta con el visto bueno de Diputados y que serán tratadas en la próxima sesión.

La ley de Emergencia Administrativa apunta a agilizar las contrataciones de bienes y servicios. El objetivo es agilizar el trámite de las contrataciones que tardan entre 9 y 11 meses para obras públicas y seis meses para bienes y servicios.

La idea de la iniciativa, elaborada bajo supervisión del ministro de Coordinación y Gestión Roberto Gigante y el aporte del secretario Legal y Técnico Julio Conte Grand, es instaurar procedimientos rápidos y ágiles, con “el foco puesto en la provisión de bienes y servicios necesarios para poner en marcha la Provincia”, según dijeron.

Entre otras cosas, en el texto se fija que la selección del procedimiento de emergencia debe estar fundamentado. Todo proceso se debe publicar en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio, y además, se debe notificar a las cámaras empresariales que se hayan adherido. Asimismo, previo a la adjudicación intervendrán los organismos de control “con tres días de plazo”.

De esta forma, en el Poder Ejecutivo pronostican reducir a la mitad los tiempos que insumen los trámites de licitaciones, que en promedio hoy son inviables

Por el otro lado, el proyecto de ley que diseña un Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública, tiene por objetivo “lograr una administración pública de calidad que brinde servicios para todos los bonaerenses con eficiencia en el uso de los recursos”.

En principio consta de tres ejes: un Sistema de Gestión de resultados, Elaboración e Implementación de Planes Estratégicos, Mecanismos de atención ciudadana y participación y Gobierno electrónico y nuevas tecnologías de la Información y Comunicación.

El tercer proyecto presentado se refiere al de ley de régimen de Declaración Jurada Patrimonial de los funcionarios y agentes del sector público de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa se presenta como “una herramienta esencial para transparentar el accionar de las personas que ejercen una función pública, como fuente de autoridad y ejemplaridad social”.

La Declaración Jurada Patrimonial Integral, que tiene carácter reservado, contendrá los mismos datos que los solicitados por la A.F.I.P. para la declaración de impuestos a las ganancias y/o bienes personales, con la totalidad de los datos personales y patrimoniales del cónyuge o conviviente e hijos menores no emancipados del sujeto obligado, de corresponder.

Y en paralelo, deberán presentar también una Declaración Jurada Patrimonial Sintética, que no contendrá datos confidenciales y que será pública, pudieron ser consultado por cualquier persona.

Están obligados a realizar la presentación el gobernador; vicegobernador; ministros, secretarios y Titulares de Organismos Autárquicos y Descentralizados; subsecretarios y todo otro funcionario con jerarquía equivalente; directores Provinciales; personal de Gabinete y Secretario Privado comprendidos en la Ley N° 10.430; Escribano General de Gobierno y Escribano adscripto superior; Asesor General de Gobierno y Asesor Ejecutivo; Contador General de la Provincia y Subcontador; Tesorero General de la Provincia y Subtesorero; y Fiscal de Estado y Fiscales de Estado Adjuntos.

También deberán hacerlo los miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo; personal Superior de la Administración Centralizada y Descentralizada; personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, con categoría igual o superior a la de Subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una Comisaría; personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones, compra y recepción de bienes y/o servicios, participe en licitaciones y concursos; y jefes de personal o recursos humanos; y todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad.

Por último, se fijan una serie de sanciones ante el incumplimiento de la presentación de ambas Declaraciones Juradas, las cuales además deberán ser renovadas anualmente.