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Domingo 21 de julio de 2019
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Se acerca al final el debate por el acuerdo con los holdouts en el Senado
Se reúnen los senadores en el recinto para tratar el proyecto que habilita el pago a los fondos buitre para salir del default y tomar deuda externa. La votación está estimada para las últimas horas del día, en el marco de una fuerte puja al interior del Frente para la Victoria, que garantizará la aprobación de la ley.
30 de marzo de 2016
El gobierno de Mauricio Macri se encamina a su primer éxito legislativo y a dar un paso clave en el cometido de su programa económico. Desde las 10.47, los miembros del Senado de la Nación se reúnen en el recinto de deliberaciones para votar el proyecto de ley que ratifica los acuerdos que el Poder Ejecutivo selló con los holdouts, los tenedores de bonos en default, con el objetivo de ponerle fin al litigio y volver a tomar deuda en el exterior.

Se trata de la primera iniciativa legislativa del presidente, fundamental en su estrategia económica, que cuenta con el aval de buena parte de la oposición parlamentaria y de los gobernadores peronistas, que se reflejará en el recinto a la hora de la votación, estimada para las últimas horas de este miércoles.

Teniendo en cuenta que se calculan casi medio centenar de votos a favor del proyecto, la alianza oficialista Cambiemos -integrada por el Pro, la UCR y la Coalición Cívica- no tuvo problemas a la hora de conseguir quórum a pesar de ser minoría en el pleno.

El mérito del inicio de la sesión lo tuvo un sector del Frente para la Victoria-PJ con 43 de los 72 integrantes de la Cámara- que respaldará la iniciativa por pedido de los gobernadores, en el marco de la fuerte puja que atraviesa el peronismo por su relación con el nuevo oficialismo.

Así, mientras que en la Cámara de Diputados la amplia mayoría del FpV se pronunció contra el proyecto, se prevé que más de la mitad del bloque que conduce Miguel Pichetto vote con el oficialismo. Así lo harían los peronistas de Salta, Catamarca, Tierra del Fuego, Río Negro, Entre Ríos, Misiones, Tucumán, Corrientes y sus aliados de Santiago del Estero y La Pampa.

Y en el mismo sentido se pronunciarán el peronismo disidente, el GEN, el Movimiento Popular Neuquino y el bloque UNA -que expresa la alianza entre Sergio Massa y José Manuel De la Sota-.

El rechazo, en cambio, está a cargo del kirchnerismo duro representado por las cuatro senadoras de La Cámpora y representantes por Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y La Rioja -en el caso de estos dos últimos, contra el pedido de sus gobernadores-.

También se opuso al proyecto Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), mientras que la rionegrina Magdalena Odarda -de la Coalición Cívica no oficialista- se ausentó por problemas de salud.

El debate

Como miembro informante del oficialismo, Julio Cobos (UCR) destacó que este acuerdo “puede ser un punto de inflexión en nuestra economía” puesto que permitirá al país “recuperar el acceso al crédito internacional”.

“Estamos actuando bien. ¿Se podría haber logrado un mejor acuerdo? Tal vez sí, tal vez no. Pero tenemos una sentencia y es muy difícil acordar bajo una sentencia”, dijo el senador de Cambiemos.

Según Cobos, hoy “nos encontramos con dos problemas: una sentencia en todas las instancias (judiciales de Estados Unidos) producto de la prórroga de jurisdicción que ofreció Argentina en la emisión de deuda y porque existía una Ley Cerrojo”.

Así, advirtió, “los intereses se siguen acumulando al pasar el tiempo, es como un taxi que está parado”, mientras que los bonistas que entraron a los canjes “no están cobrando” por los obstáculos del juez neoyorkino Thomas Griesa.

A continuación fue el turno de María Ester Labado, la única firmante del dictamen de rechazo. La santacruceña sostuvo que este “no es el mejor acuerdo por la toma de deuda” y porque no evita “nuevos juicios” por parte de los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 en demanda de las mismas condiciones de pago que obtendrán los fondos buitre.

Más dura aún, Labado aseguró que a los fondos buitre “los tendríamos que estar denunciando porque son usurarios, hacen terrorismo financiero; no tendríamos que estar acordando”.

Desde el mismo bloque, el senador Rodolfo Urtubey justificó el apoyo del grueso de los senadores, al considerar que “hay que devolver a la Argentina su capacidad plena como sujeto de crédito”.

El hermano del gobernador salteño rechazó la advertencia esgrimida por sus pares kirchneristas de que el acuerdo permitirá al gobierno de Macri iniciar un nuevo proceso de endeudamiento externo perjudicial para el país.

En este sentido, recordó que el Frente para la Victoria cuenta con una mayoría sólida en el Senado “para condicionar la tentación del endeudamiento”.

Sobre el riesgo de juicios futuros, opinó que “la litigiosidad se ha acotado muchísimo” y agregó que “puede haber pleito pero no medidas cautelares”, y “pleito tendremos siempre”.

Entre los senadores kirchneristas que también defendieron el acuerdo figuraron Omar Perotti (Santa Fe), Sigrid Kunath, Pedro Guastavino (Entre Ríos) y Dalmacio Mera (Catamarca).

Todos ellos remarcaron la necesidad de cerrar este capítulo y facilitarle al Gobierno este instrumento para poder acceder a financiamiento externo para obras de infraestructura en las provincias.

En la vereda de enfrente, no obviaron críticas las camporistas Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Virginia García (Santa Cruz); cuñada de Máximo Kirchner.

“Nos quieren vender una crisis para que compremos un endeudamiento caro y en malos términos. Nos están llevando derechito al infierno”, protestó Sagasti.

La legisladora justificó su voto negativo al acuerdo basándose en “tres pilares: el sentido común, la memoria colectiva y la coherencia”. Y pidió encarar nuevas negociaciones con los tenedores de bonos en default: “negociar con soberanía, cuidando los intereses de la Argentina”.

En tanto, García recordó que “muchos senadores presentes acompañaron el proceso de desendeudamiento llevado adelante por Néstor y Cristina” Kirchner, y sentenció: “No nos vamos a dejar extorsionar”.

Otro de los senadores kirchneristas que esgrimió su rechazo al proyecto fue el propio presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina, quien planteó la “incertidumbre sobre la sustentabilidad jurídica del acuerdo” y recordó que “ni los especialistas ni el Procurador del Tesoro pudieron afirmar que los riesgos de litigiosidad fueran nulos”.

“Coincido en que debemos cerrar este capítulo, pero tengo serias dudas de que este proyecto lo haga”, reconoció el bonaerense.

En términos más duros, el sanjuanino Ruperto Godoy advirtió que “este proyecto es una claudicación para la Argentina” y pidió una “una negociación que mantenga la dignidad”.

Su par chubutense Nancy González denunció que “los gobernadores sufrieron una presión tremenda del Gobierno nacional” para impulsar el voto a favor de sus representantes en el Congreso.

Desde Compromiso Federal, Liliana Negre pidió modificar el texto en discusión para que el Gobierno esté obligado a pedir autorización al Congreso para tomar deuda.

Asimismo, la puntana insistió en prohibir la prórroga de jurisdicción para los litigios con los tenedores de bonos; y propuso derogar el artículo donde se exime de impuestos a las operaciones que realice nuestro país.

En otro orden, negó que su par Adolfo Rodríguez Saá, sentado a su lado, haya declarado el default cuando asumió como presidente con la crisis de 2001. “No dijo que declaraba el default, dijo que iba a declarar la suspensión de pagos para que decida el Congreso”, aclaró.

Roberto Basualdo, quien integra junto a Negre el Interbloque Federal, se diferenció y anticipó su voto positivo. Pronosticó que “el pago a los holdouts va a ser beneficioso para todos los argentinos” pues “le permitirá al país generar confianza y esa es la única manera de crecer”.

Entre las voces de Cambiemos, el radical Luis Naidenoff explicó que “el crédito es un paso necesario para crecer” y agregó que "hay que mirar para adelante y tratar de resolver un conflicto porque nada es gratis y esto ha generado un enorme costo”.

“Resolvemos esto con lo que se puede y con lo que se tiene”, aportó otro radical, Alfredo Martínez, mientras que su par Silvia Elías de Pérez afirmó que con este acuerdo “estamos canjeando una deuda por otra más barata” y que “el verdadero peligro está en no acordar”.

Clave para el oficialismo

El proyecto ratifica los acuerdos que selló el gobierno de Macri con los holdouts, entre ellos los denominados fondos buitre. Así, se autoriza un pago en efectivo de 11.864 millones de dólares antes del 14 de abril para cerrar el litigio que afronta el país en tribunales internacionales y que obstaculiza el pago a los bonistas que entraron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.

Para eso la iniciativa deroga la Ley Cerrojo y modifica la de Pago Soberano, normas sancionadas durante el kirchnerismo que impiden mejores ofertas de pago a los bonistas que no entraron a los canjes previos.

En tanto, se autoriza un endeudamiento por 12.500 millones de dólares, que el Gobierno espera pagar en 5, 10 y 15 años y con una tasa de interés del 7,5 por ciento aproximadamente, es decir, una tasa más baja a la que se ofrece actualmente para el país.

Entre otras cuestiones, se prorroga la cesión de jurisdicción para dirimir futuros litigios y se crea una comisión bicameral para seguir el pago de deuda externa.

Se trata de un paso clave para el cometido del programa económico de Gobierno, que apuesta al endeudamiento para financiar el déficit fiscal -a su juicio responsable de la inflación-, obras públicas para mejorar la competitividad de los productos argentinos y, a su vez, refinanciar nueva deuda.

La propuesta cuenta con apoyo de la mayoría de la oposición y de los gobernadores, quienes buscan emitir deuda a tasas más bajas para reactivar las economías provinciales. Para la oposición kirchnerista y de izquierda, en cambio, existe el riesgo de que los bonistas que entraron a los canjes demanden mejores condiciones de pago y de que el nuevo ciclo de endeudamiento sea para financiar nuevo endeudamiento (“bicicleta financiera”).