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Viernes 23 de junio de 2017
INFORMES
Mani pulite a la criolla
Si bien el Gobierno macrista nunca mostró la intención de alentar el avance de la Justicia sobre el poder saliente, una supuesta inacción en el ámbito judicial alentó la movilidad de magistrados que en otros tiempos hubieran mostrado una natural pasividad. La coyuntura económica pareciera estar beneficiada por la atención que despiertan estas causas, aunque la ciudadanía pareciera reclamar resultados concretos. Inquietud de la política por lo que semejante hiperactividad pueda llegar a desatar.
13 de mayo de 2016
Como presidente de la bancada oficialista del Senado durante la era K, Miguel Angel Pichetto solía hablar al final de cada debate en esa cámara. Hoy, como jefe del bloque mayoritario, pero opositor, ya no es el que cierra los debates, pero tal vez ejerza hoy una mayor influencia que antaño. Lo seguro es que se atiende más a lo que él dice, por la expectativa que despiertan sus palabras. Antes y ahora, el rionegrino suele expresar en esos discursos un pensamiento que suele exceder el tema en discusión.

Lo hizo en la sesión sobre el pago de la deuda, cuando al filo de la medianoche dejó mucho material para el análisis. Por ejemplo los párrafos en los que habló de la investigación de la corrupción. Veamos: “La verdad es que cuando leo a la diputada Carrió, me preocupa. Me preocupa. Y me preocupan otras cosas también. De repente, la justicia federal era la mejor del mundo y había que pasar la causa Nisman a la justicia federal, y, de repente, es la justicia más oprobiosa y allí están todos los demonios. La verdad, me preocupa. Me preocupa cuando se construye una cosmovisión parecida a la de la Revolución Francesa en el comité de la Salud Pública y aparecen los jacobinos con la bandera de la ética”.

“Todos los gobiernos tienen que tener un cierto nivel ético. Indudablemente, hay ejes centrales que tiene que tener la democracia. ¡Pero cuidado con esto, eh!, porque cuando los moderados y el centro pierden gravitación, aparecen estos puritanos que se llevan puesto todo. El proceso de mani pulite en Italia determinó la construcción y el liderazgo de Berlusconi. En la Alemania de la etapa del 30, de la crisis del 30, en la degradación del sistema político alemán, de la Democracia Cristiana, del PC, de los partidos tradicionales, determinó el nacimiento del nazismo. ¡Cuidado con lo que está pasando en Latinoamérica! ¡Cuidado con lo que pasa en Brasil!”.

Por esos días la sociedad ya se había escandalizado con las imágenes de gente contando dólares en una financiera conocida nada menos que con el emblemático nombre de “La Rosadita”, pero el proceso de investigación de “la ruta del dinero K” no había tenido la aceleración que cobraría semanas más tarde. Fiel a su estilo refractario a sutilezas, Pichetto llevó a un ámbito de singular representación institucional un tema tabú para la política criolla, como es un eventual mani pulite en estas tierras.

A los pocos días declaró por primera vez como imputada Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales de Comodoro Py, con toda la parafernalia que acompañó ese trámite judicial transformado en evento político. Después cayó preso el empresario Lázaro Báez, y más tarde se paralizó el mundo con la maratónica declaración del arrepentido Leonardo Fariña. Era previsible entonces que lo del mani pulite se generalizara.

Suena despectivo, pero no por ello desatinado el término “mani pulite a la bartola” que algunos le han puesto a este proceso desatado por los jueces federales, en el que aceleradamente figuras centrales de la administración saliente desfilan por los tribunales. Ciertamente no es novedoso que la justicia argentina ponga en la mira al poder cuando ya no es tal, pero sí que tan rápidamente haya emprendido esa tarea. Y no deja de sorprender que eso suceda con un Gobierno que hizo gala de un manejo casi absoluto de todos los poderes, y una influencia marcada dentro de la propia justicia.

No faltan, no obstante, quienes vean en este accionar de la justicia una suerte de ajuste de cuentas por una fallida reforma judicial que llevó la grieta del resto de la sociedad al mismísimo seno de la justicia. Aunque no pareciera ser este el caso, cuando los protagonistas son en general jueces que no parecieran tener cuentas pendientes con el kirchnerismo.

Más bien asemeja ser parte del instinto de conservación de magistrados interpelados por una sociedad que ante la magnitud de lo que ha visto y aún ve no parece tolerar más dilaciones. Influyó también sin dudas el proceso brasileño, que a diferencia del caso argentino mostró a una justicia avanzando sobre el poder vigente. Las comparaciones tienden a generar cuanto menos cierto fenómeno de imitación.

Podrá decirse también que el caso brasileño dio espacio a una suerte de corporativismo kirchnerista. Habiendo sido el PT brasileño contemporáneo del FpV a la hora de gobernar, los kirchneristas fueron los primeros en alarmarse por la suerte de Lula primero y Dilma Rousseff después. De hecho llevaron días pasados al recinto de la Cámara de Diputados el tema del juicio político planteado contra la mandataria del país vecino, aunque el tema de momento no pudo prosperar como debate parlamentario.

Habrá que reconocer de todos modos que ver a los K rasgándose las vestiduras por la institucionalidad de otros países “en peligro”, pues ya lo hicieron en su momento cuando en 2009 cayó Manuel Zelaya en Honduras, y más cerca en el tiempo y distancia, con Fernando Lugo en Paraguay, en 2012.

Conadep de la corrupción

Pero volvamos a la Argentina y a la investigación de la corrupción. Está claro que lo que está sucediendo no estaba en el programa electoral del Pro, aunque sí en los de sus socios. De hecho, los primeros en advertir que investigarían lo sucedido durante los tres mandatos kirchneristas fueron los integrantes del efímero frente Unen, donde se planteó la creación de una “Conadep de la corrupción”, propuesta que luego enarboló Ernesto Sanz cuando compitió en la interna de Cambiemos.

En rigor, con eso había salido el hoy senador Julio César Cleto Cobos allá por 2010, cuando todavía era vicepresidente de Cristina Kirchner. El mendocino gozaba entonces de la popularidad que le había dado su voto “no positivo”, que lo catapultó a la cima de la consideración pública, aunque ya para la época que estamos reseñando esa llama comenzaba a apagarse. No tanto como para que no se ilusionara con ser candidato presidencial, y como tal el sindicalista Hugo Moyano le había advertido que si ganaba la presidencia él saldría a la calle “con los pibes”. Néstor Kirchner todavía vivía y el camionero era su aliado, recordemos.

Ante ello, Cobos advirtió que si él ganaba las elecciones “vamos a pedir abrir los libros de las obras sociales, los libros de los sindicatos, para que él nos explique a ver cómo hace para que un dirigente sea un empresario rico y que haya trabajadores pobres”.

En ese marco el periodista Joaquín Morales Solá escribió en La Nación tres días antes de la muerte de Kirchner que Cobos había deslizado entre íntimos que anunciaría en los próximos meses “la futura creación de una especie de Conadep de la corrupción, en la que caerán el kirchnerismo y sus aliados, Moyano entre ellos”.

Según Morales Solá, el proyecto tenía un sostén que excedía al por entonces precandidato presidencial, pues un papel estaba circulando entre los principales líderes opositores de la Cámara de Diputados, en el que se establecían cuatro o cinco políticas de Estado para un eventual gobierno antikirchnerista. Allí se incluía una cláusula especial sobre la investigación de la corrupción en los años del kirchnerismo, sindicalistas incluidos.

Su comprovinciano Ernesto Sanz también hablaba entonces de investigar el pasado kirchnerista. En defensa de su correligionario señalaba que “Moyano ha dicho que va a desestabilizar al próximo gobierno si no le gusta la figura que sea gobierno. Son palabras muy graves, encierran impunidad para extorsionar a quienes sean gobierno”, decía, para advertirle a continuación: “Si somos poder vamos a quitarle -al sindicalismo peronista- el poder discrecional de los fondos públicos. Vamos a investigar todo lo que tengamos que investigar, y vamos a hacer un acuerdo con todas las fuerzas políticas”.

Meses después, Sanz insistía con que si ganaba la preinterna de la Unión Cívica Radical, impulsaría entre los principales puntos de su plataforma “la creación de la Conadep contra la corrupción, que ayudaría a la Justicia a esclarecer los casos de corrupción”.

Al final, ni Sanz, ni Cobos fueron candidatos presidenciales, Cristina se quedó con la victoria por el 54% de los votos, y no se habló más de investigar la corrupción por un buen tiempo. Recién en octubre de 2013 la diputada peronista Claudia Rucci reavivaba ese ya viejo reclamo presentando un proyecto para crear una “Comisión Nacional contra la Corrupción”. Proponía investigar las contrataciones realizadas por el Estado a partir del 25 de mayo de 2003, es decir, durante toda la década K.

En el proyecto de Rucci, la “Comisión Nacional contra la Corrupción” estaba destinada a “recuperar” el rol de contralor del Congreso sobre el Poder Ejecutivo. El cuerpo quedaría integrado por diputados, senadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos del Estado vinculados al tema. El texto fijaba los objetivos de “prevenir y promover la investigación y posterior denuncia judicial de presuntas acciones delictivas, e impulsar la recuperación de los activos obtenidos quebrantando las leyes” durante los últimos diez años. Para la peronista opositora, “la corrupción, el acostumbramiento y la naturalización que se produjo frente a ella, son responsables de gran parte de los males que sufren la Argentina y los argentinos”. Así hablaba de un Gobierno rozado por casos tales como adjudicaciones sospechosas de obras en Santa Cruz, la valija de Antonini Wilson, el caso Skanska o el de la exCiccone, que citaba puntualmente. “Tenemos que tomar con seriedad el problema, actuar con firmeza y generar la legislación necesaria para combatirla con todas nuestras energías”, pedía la legisladora.

Otros antecedentes

En realidad, la iniciativa original no tuvo raíz mendocina, sino puntana y más lejana en el tiempo. Tanto que hay que remitirse a un integrante actual del Frente para la Victoria. Sorpresas te da la vida.

En vísperas de las elecciones de 2007, el entonces candidato a gobernador de San Luis por el kirchnerismo, Daniel Pérsico -hoy senador nacional del FpV-, había prometido investigar presuntos hechos de corrupción de las gestiones de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. “Han hecho muchísimas obras, pero de mala calidad”, afirmaba.

Tres años más tarde, los entonces diputados radicales Rubén Lanceta y Silvana Giudici elevaron una propuesta similar para crear una Comisión Nacional por Delitos de Corrupción (CoNaDelCo). Y años después también Gerónimo “Momo” Venegas supo sumarse a esos planes en tiempos en que él también era candidato “para que nunca más -parafraseaba- unos delincuentes amparados en el poder estatal se enriquezcan a costa de la pobreza y el saqueo de nuestros recursos”.

Volvamos a Ernesto Sanz y los tiempos recientes en los que proponía crear una Conadep de la corrupción. Precandidato presidencial por Unen, allá por 2014, sostenía que ese organismo tenía que investigar “a todo el mundo”, incluida la presidenta Cristina Kirchner. “La Conadep de la corrupción no tiene que tener límites ni cortapisas. Que exista un juicio de residencia o un juicio de revisión de todas las cuestiones, como en Francia -señalaba en La Nación el 6 de junio de ese año-. Una Conadep de la corrupción funcionaría como un espacio o una comisión de ética que pueda ayudar a la Justicia, porque no reemplaza a la Justicia, porque los jueces son los jueces. Es un espacio para promover denuncias, generar investigaciones, acumular pruebas y que sea la Justicia la que decida”.

“¿Puede estar la presidenta entre los investigados?”, le insistían, a lo que Sanz aclaraba que “todos tenemos que estar sometidos a investigación, siempre en base a pruebas concretas”, a lo que el periodista advertía que el hecho de que una presidenta fuera investigada por hechos de corrupción resultaba “grave”. Sanz aclaraba entonces que “la Conadep no va a tener una lista de personas, sino que debería estudiar hechos. Si hay un hecho que involucra a la presidenta, hay que investigarlo. Acá no se trata de una comisión para poner nombres y apellidos o una lista negra, sino investigar hechos de corrupción. Como cuando la Conadep en los 80 investigó hechos, no personas”.

Ya diputado nacional y también precandidato presidencial, Julio Cobos transformó en agosto de 2014 su idea original en un proyecto de ley para la creación de la llamada “Conadep de la Corrupción” a la cual se denominaría Comisión Nacional de Ética Pública (CONAEP). La iniciativa fue acompañada también con la firma de otros legisladores nacionales del radicalismo -Patricia Giménez, Luis Petri y Oscar Aguad, entre otros- y consistía en crear un órgano independiente, con autonomía funcional y el objetivo de investigar y esclarecer los hechos relacionados con actos de corrupción de funcionarios públicos, pasados o actuales, con el fin de ayudar a la determinación de la responsabilidad política de sus autores y su eventual condena.

Promediando ese año la idea de investigar la corrupción a través de una suerte de Conadep era aceptada por prácticamente todo el arco opositor. En el Pro, el diputado Jorge Triaca señalaba la necesidad de que hubiera “una política de Estado” en la materia y que “si todos los partidos estuviesen de acuerdo, lo apoyaríamos”, mientras que el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez sugería una suerte de mani pulite, al hablar de la necesidad de que hubiera “un proceso similar al italiano, la Argentina está enferma de corrupción. Una ‘Conadep’ implica una comisión independiente que elabora un informe, podría ser un camino”.

En el Frente Renovador, el que trabajaba en el tema era el diputado Adrián Pérez, hoy funcionario nacional de la cartera de Interior. Pérez impulsaba entonces un paquete de leyes para combatir la corrupción que incluía un aumento de penas, la imprescriptibilidad de los crímenes relativos a la función pública y la posibilidad de recuperar los activos que hayan sido obtenidos de manera ilícita. Cierto es que no hablaba de una Conadep. De hecho, quien rechazó de enfáticamente entonces la propuesta de crear un organismo así fue nada menos que el líder del FR, Sergio Massa. El tigrense consideraba “un error comparar quien le roba al Estado o a la gente con el uso del Estado para perseguir y matar gente”. Para el diputado renovador, era “un error histórico importante”, por cuanto “no se pueden usar simbolismos sobre el uso ilegítimo de las fuerzas del Estado con las tareas que tiene que hacer la Justicia respecto de algo tan repudiable y repugnante como puede ser un hecho de corrupción”. Massa señalaba que promover la creación de una Conadep sobre el tema es “lindo para la tribuna”, pero que eso “no es mirar a largo plazo”. Para él, “la sociedad está harta de títulos. Lo que quiere es respuestas. Y construir una matriz institucional y jurídica que le ponga definitivamente límites a la corrupción”.

Lejos de ese pensamiento, Sanz insistía en utilizar esa simbología para luchar contra el flagelo de la corrupción. “En los 80, la democracia estaba amenazada por la cultura del golpe; hoy está amenazada por la cultura de la corrupción”.

Ernesto Sanz perdió la interna con Mauricio Macri, y fue el hombre que el hoy presidente eligió como su ministro de Justicia. Si bien el mendocino terminó resignando ocupar un cargo y dijo retirarse virtualmente de la política, hoy ejerce una suerte de papel de “ministro sin cartera”, o asesor privilegiado del presidente de la Nación. Algo habrá sugerido entonces en la materia, aunque están los que advierten que a este Gobierno le falta un interlocutor político de las características del exsenador para hablar con los jueces.

Pero convengamos que investigar a la administración saliente no parecía estar entre las prioridades del Gobierno de Cambiemos, donde el pensamiento “duranbarbiano” sugería por el contrario dar vuelta la página del kirchnerismo lo más pronto posible.

Claro que también se recomendaba no hacer demasiado hincapié en la herencia recibida, o bien no insistir tras el discurso del 1° de marzo, y está claro que eso fue dejado de lado. Hoy Mauricio Macri no pierde ocasión de mencionar lo que encontró al llegar al poder, como también alerta una y otra vez sobre la corrupción: “Encontramos un Estado cargado de corrupción”, dijo semanas atrás en una reunión de Gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner; mientras que hace pocos días, al supervisar el avance de las obras de electrificación del Ferrocarril Roca, en Quilmes, enfatizaba: “Se terminó la época en que la obra pública sólo estaba ligada a la corrupción”. Y así...

En momentos en que más duele el ajuste, la exhibición de la corrupción reciente pareciera mitigar esos padecimientos. Con todo, como Pichetto, no pocas voces alertan sobre las consecuencias que podría tener un mani pulite criollo sin un límite preciso. En ese marco trascendió un debate en el seno del Gobierno en el que una parte del mismo sugería poner un límite en la expresidenta. El ministro Germán Garavano pareció abonar esa teoría, al pedir “prudencia” a los jueces y no “sobreactuar” con la expresidenta. Fue justo cuando se hablaba de una supuesta decisión del Gobierno de impedir que la Justicia avanzara sobre la expresidenta. Así fue que Garavano tuvo que salir a aclarar -¿por orden de Macri?- que lo que había hecho era pedir avanzar “seriamente” con la investigación de presuntos casos de corrupción, y no quedarse con “los fuegos artificiales”.

No es lo que debe esperarse de un juez como Claudio Bonadio, el más antagonista del kirchnerismo, que acaba dictar el procesamiento de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner y otros imputados de la causa de la venta de dólar futuro. Con todo, la más leve de las que penden sobre la expresidenta.

El propio Bonadio ya horadó esta última semana otro límite hasta ahora infranqueable, al procesar a Julio De Vido, generando inquietud en propios y ajenos.

No por nada cuando la presidenta armó las listas legislativas para cuando ella estuviera fuera del poder, puso a todos sus funcionarios en puestos que les aseguraban sentarse en bancas del Congreso a partir del 10 de diciembre venidero. Y como eran tantos, se armó con inusitada antelación la alternativa del Parlasur, para el que el Frente para la Victoria designó a exfuncionarios que no tenían lugar en las listas de diputados y senadores nacionales.

Aunque allí finalmente no pudo prevalecer el tema de los fueros legislativos, sino que le pregunten a Milagro Sala, presa desde enero pasado.

El oficialismo actual no está a salvo en el marco de este avance desenfrenado de la justicia, como quedó claro a partir de la inédita celeridad con la que avanzó la denuncia contra el presidente Mauricio Macri por los Panamá Papers. Y el trámite que se le dio a la “contradenuncia” de diputados del FpV contra funcionarios actuales por el tema del dólar futuro.

De todos modos, para los que adelantan tempestades, habrá que recordar que los tiempos judiciales son aquí muy extensos. Amado Boudou fue procesado hace casi dos años y todavía no llegó al juicio oral. Carlos Saúl Menem fue detenido dos años y medio después de haber dejado el poder. Pasó 167 días de arresto domiciliario en la causa por el desvío de un cargamento de armas a Croacia y Ecuador, y por falsificar el contenido de tres decretos presidenciales, en una causa iniciada seis años antes. Fue liberado por la Corte Suprema que entonces le era afín, pero doce años más tarde sería condenado por la misma causa, reabierta. Hoy sigue libre por sus fueros legislativos.

Fueros que la expresidenta de la Nación hoy no tiene, cuestión que ella resalta cada vez que puede. Pero que podría tener a partir de 2017, si como se especula se postula en el marco del Frente Ciudadano del que habló frente a los Tribunales de Comodoro Py.