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Domingo 30 de abril de 2017
INFORMES
Balance del primer semestre legislativo
Tras la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo hubo nueve sesiones en Diputados y otras nueve en el Senado, con predominio de especiales. Se aprobó un total de 18 leyes. El jefe de Gabinete asistió una vez a cada Cámara. El acuerdo con los holdouts, la ley antidespidos, el pago a jubilados y las vacantes en la Corte fueron las principales discusiones de un Parlamento donde Cambiemos empezó a poner a prueba su capacidad de negociación.
9 de julio de 2016
Por Carolina Ramos

Un ministro de Mauricio Macri llama por teléfono a un legislador de Cambiemos. Son alrededor de las ocho de la noche de un miércoles de actividad en el Congreso. El funcionario quiere ultimar detalles de la presentación de uno de los proyectos de ley del Poder Ejecutivo.

-No te preocupes mucho- le respondió el legislador-, que acá al proyecto te lo dan vuelta como una media.

Obligado por las circunstancias o guiado por un verdadero deseo de diálogo, el frente Cambiemos inició el año parlamentario con negociaciones minuto a minuto, voto a voto, ley a ley. Sin mayoría en ninguna de las dos cámaras, vivió cada proyecto aprobado como un verdadero triunfo, en un reverdecer del Parlamento donde las discusiones a libro cerrado quedaron atrás.

La cosecha del primer semestre en materia legislativa fue favorable para el Gobierno, que puso a prueba la capacidad de generar consensos, sobre todo con el peronismo no kirchnerista. Un verdadero trabajo de hormiga en algunos casos, que bien le vale al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el puesto de “senador 73”.

En materia de cantidad de sesiones, ambas cámaras trabajaron a buen ritmo. Después de la primer Asamblea Legislativa de Mauricio Macri en el poder, hubo un total de nueve sesiones en cada una, con predominio de convocatoria a especiales, un recurso que le permite al oficialismo fijar y acotar el temario de los debates. Cambiemos repitió así la tendencia de los años kirchneristas, aunque terminó con los denominados “debates exprés”. Una de cal y una de arena.

El primer semestre se vio marcado además por la amplia presencia de funcionarios en contacto directo con los legisladores. No sólo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, asistió a brindar su informe una vez a cada cámara, sino que también desfilaron por el Congreso los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; de Justicia, Germán Garavano; de Energía, Juan José Aranguren; de Educación, Esteban Bullrich; y de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra.

Con el pie izquierdo

El Congreso fue protagonista en los meses de enero y febrero... por su inactividad. En diciembre, en medio de una complicada transición, era casi cantado que el Poder Ejecutivo no convocaría a sesiones extraordinarias. Pero ya en el verano, las luces amarillas se tornaron rojas cuando Macri nombró “en comisión” a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema de Justicia, sin aval parlamentario. Fue apenas cuatro días después de haber asumido. Y, al filo del cierre del año, dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que arrasó con la Ley de Medios y la de Argentina Digital, a través de la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que absorbió a la AFSCA y la AFTIC.

El famosos DNU no hizo más que instalar la idea de que Macri gobernaba “por decreto”. Así fue como cobró una importancia insospechada la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de validar o invalidar los decretos delegados y los de Necesidad y Urgencia. La “guerra del verano”, tal como se rotula a las mejores peleas entre vedettes, fue entonces por la presidencia de esa comisión, dado que la mitad de sus miembros pertenecía al Frente para la Victoria, que aún no había sufrido la baja de ningún legislador. La disputa se saldó recién a mediados de febrero con un acuerdo de rotación de presidencias entre el senador radical Luis Naidenoff y el diputado camporista Marcos Cleri.

Finalmente la discusión en torno a la convocatoria o no a extraordinarias se saldó cuando el 1 de febrero ingresaron al Senado los pliegos propuestos para la Corte Suprema. Finalmente el 10 de ese mes el Ejecutivo convocó a extraordinarias, y finalmente sesionaron para dar ingreso a pliegos de embajadores.

Llegó el esperado 1ro. de marzo, adonde el presidente volvió tras la novela de diciembre pasado, sobre la ceremonia del traspaso de mando discutida entre el Gobierno entrante y el saliente sobre si debía ser en la Rosada o el Congreso. El primer discurso del jefe de Estado ante la Asamblea Legislativa fue breve: apenas duró una hora, bien al estilo macrista. Fue leído y sin militancia en los palcos. El contraste con las ocho aperturas de sesiones ordinarias que estuvieron a cargo de Cristina fue abrumador.

La renovación del Congreso trajo consigo intensas negociaciones por el reparto de las comisiones permanentes, que se demoró más de lo habitual. En la Cámara de Diputados, donde la distribución de fuerzas quedó más pareja, la danza de nombres se extendió incluso hasta después del 1ro. de marzo. Cambiemos se aseguró los cuerpos de trabajo más importantes: Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Justicia y Juicio Político, entre otros. En el Senado las negociaciones también se prolongaron más de lo previsto, pero allí la decisión de Miguel Pichetto fue terminante: no ceder las comisiones clave, que quedaron en manos del Frente para la Victoria como bancada mayoritaria, con la excepción de Relaciones Exteriores.

Mes a mes

La primera sesión de la era Macri tuvo lugar en el Senado el 9 de marzo con temas de rigor: los pliegos de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas y de un centenar de militares. Se avalaron los ascensos del general de brigada Diego Suñer como jefe del Ejército; del brigadier Enrique Amrein para la Fuerza Aérea y del general Bari del Valle Sosa como jefe del Estado Mayor Conjunto.

Marzo fue un mes con temas determinantes en debate. El primer test para el oficialismo fue ni más ni menos que el acuerdo con los holdouts para cerrar un capítulo de 15 años de litigio, con la derogación de la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano. La iniciativa autorizó al Poder Ejecutivo a pagar 11.684 millones de dólares en efectivo, mediante la colocación de bonos por 12.500 millones de dólares.

El oficialismo aceptó numerosos cambios al proyecto oficial y se ganó así el apoyo del Frente Renovador y el bloque Justicialista. La sesión fue el bautismo de fuego para la incipiente alianza de Gobierno. Los diputados llegaron al recinto bajo la amenaza de Macri de que, si no se aprobaba el acuerdo, se vendría “un ajuste” e “hiperinflación”.

El Frente para la Victoria no dio quórum, pero Cambiemos no tuvo problemas para habilitar la discusión con 147 diputados. Fueron 20 horas de un debate de alto voltaje político, que culminó en una votación que resultó 165 a 86. Fue la primera y única sesión en la que habló hasta ahora Máximo Kirchner. “Vayan y negocien mejor”, fue la recomendación del hijo de la expresidenta. Cinco diputados del Frente para la Victoria votaron a favor. El bloque de Héctor Recalde ya empezaba a desmembrarse.

En la Cámara alta, 16 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño respaldaron el acuerdo, que fue convertido en ley el 30 de marzo por amplia mayoría: 54 votos a favor y 16 en contra. El 22 de abril Argentina salió del default, pero en la oposición aun dicen esperar la “lluvia de inversiones” prometida.

Cambiemos también sufrió en marzo su primer revés legislativo. El Frente para la Victoria se impuso en la Comisión Permanente de Trámite Legislativo y firmó dictamen para derogar el decreto delegado del presidente que aumentó el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias e incluyó a más personas bajo la órbita del tributo. Pero, como el dictamen nunca fue sometido a la aprobación del recinto del Senado ni de la Cámara de Diputados, el decreto original siguió en pie.


En el mismo mes, el Senado se abocó a las audiencias públicas con Rosenkrantz y Rosatti en la Comisión de Acuerdos, luego de que el Poder Ejecutivo enviara finalmente los pliegos al Congreso. Hubo dictamen, pero el debate llegaría al recinto recién tres meses después. El oficialismo se tomó su tiempo para cerrar acuerdos con senadores de la oposición y también con gobernadores peronistas.

Apenas iniciado abril, mientras el escándalo de los Panamá Papers dominaba las tapas de los diarios del país y el mundo, el presidente anunció el envío al Congreso de una Ley de Acceso a la Información Pública, en un intento de demostrar voluntad por la transparencia cuando el descubrimiento de las sociedades offshore lo colocó bajo la lupa. El proyecto, una vieja deuda de la democracia, fue aprobado en la Cámara baja el 18 de mayo en una votación casi unánime -229 votos a favor y 4 en contra-, y ahora el Senado lo analiza en comisiones. Una vez sancionada la ley, los tres poderes del Estado estarán obligados a responder la solicitud de datos de cualquier ciudadano.

En la primera sesión del mes, la Cámara de Diputados ratificó un conjunto de DNU, entre ellos el de creación del ENACOM (267/16), el de modificaciones a la Ley de Ministerios (13/15) y el de traspaso del sistema de escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia (256/15). También designó nuevos integrantes en la Auditoría General de la Nación: Juan Carlos Forlón por el Frente para la Victoria y Gabriel Mihura Estrada por el Frente Renovador. Fue luego de que la Justicia suspendiera los nombramientos efectuados bajo la gestión anterior -los del camporista Julián Álvarez y del propio Forlón- debido a una serie de medidas cautelares presentadas por la oposición de aquel entonces.

Pero el acontecimiento que marcó un punto de inflexión en el devenir del Congreso fue la visita de las cinco centrales obreras. La CGT Azopardo de Hugo Moyano, la CGT Alsina de Antonio Caló, la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo, la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y la CTA Autónoma de Pablo Micheli fueron recibidas por la oposición parlamentaria el 30 de marzo en Diputados y el 6 de abril en el Senado. El reclamo principal fue el mismo: una ley para ponerle un freno a los cientos de despidos registrados desde la asunción de Macri, tanto en el sector público como en el privado. Diputados y senadores se hicieron eco de esa demanda y presentaron en paralelo proyectos de ley para declarar la emergencia ocupacional.

El primer avance legislativo fue el 20 de abril, cuando se firmaron sendos dictámenes de comisiones. Sería el comienzo de una larga y palpitante batalla que unió a todos los bloques opositores frente al rechazo terminante del oficialismo. Eran tiempos donde Cristina Kirchner volvía a ocupar el centro de la escena tras el multitudinario acto en las afueras de Comodoro Py, donde acudió para presentarse ante el juez Claudio Bonadio en la causa por la venta de dólar futuro.

Los proyectos aprobados en ambas cámaras tenían como eje la doble indemnización para los trabajadores despedidos, pero el dictamen de Diputados era retroactivo al mes de marzo y prohibía los despidos por dos años, mientras que el del Senado no sólo no incluía la retroactividad, sino que declaraba la emergencia laboral por apenas seis meses. Fue este último el texto que avanzó.

Macri no tardó en pronunciarse en contra y comenzó a acechar la amenaza del veto. El “Grupo de los Seis”, la entidad que nuclea a las cámaras empresariales más poderosas del país, sumó su rechazo a viva voz y las pequeñas y medianas empresas rogaron ser excluidas de la ley para no afrontar los costos de la doble indemnización. Pero eso no impidió que el Senado lograra la media sanción el 27 de abril, con 48 votos positivos y 16 negativos. Ese mismo día, Marcos Peña se presentaba por primera vez ante la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión, en el que negó que haya aumentado el desempleo en el país. Y, 48 horas después, cuatro de las cinco centrales obreras encabezaron una imponente movilización en las vísperas del Día del Trabajador, donde el reclamo por la ley antidespidos cobró una fuerza inusitada.

El proyecto tardó una semana en ser girado a la Cámara de Diputados, en una maniobra insólita que sólo logró enardecer los ánimos de la oposición. En el medio, Sergio Massa se reunió con Miguel Pichetto, en una foto de impacto político en el peronismo. En Diputados, Cambiemos quedó en jaque con el faltazo de las centrales obreras, que habían sido citadas a exponer en un plenario de comisiones. Llamados telefónicos y reuniones en despachos terminaron por unificar al peronismo parlamentario cuando con Cambiemos ya no había negociación posible. Macri intentó acordar con empresarios, por la vía de un débil documento, la prohibición de despidos por 90 días. “Se pretende cambiar la fuerza de una ley por la firma de un papel”, graficó José Luis Gioja, que poco tiempo atrás asumía como titular del PJ.

El Frente para la Victoria y el bloque Justicialista aunaron esfuerzos y firmaron el dictamen de mayoría, pero no consiguieron tratarlo al día siguiente en sesión especial. El faltazo del massismo y de todo el frente Cambiemos echaron por tierra las negociaciones emprendidas hasta último minuto para alcanzar los 129 diputados necesarios para el quórum. Pero el oficialismo sabía que no podía demorar el debate mucho tiempo más, y accedió a llevar la discusión al recinto el 18 de mayo.

Fue una sesión verdaderamente maratónica que comenzó con el debate de otros dos proyectos más “amigables”: la Ley de Acceso a la Información y la devolución del IVA a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Cambiemos dejó para el final la ley antidespidos, que se votó minutos antes de las seis de la mañana. La estrategia del oficialismo fue finalmente la abstención; así, la prohibición de despidos por 180 días obtuvo 147 votos a favor y solo seis en contra. El gran derrotado de la jornada no fue el Gobierno, sino Massa, que no pudo imponer su propio dictamen, que contemplaba un programa de auxilio a las pymes con un costo fiscal casi imposible de afrontar. La ley antidespidos murió antes de nacer, pero fue una muestra de cómo la oposición fue capaz de marcar la agenda y el pulso del Parlamento.


Marcos Peña sorteó sin dificultades su paso por el Senado, el 1ro. de junio. El mismo día, la Cámara de Diputados aprobó por una robusta mayoría dos proyectos en materia de seguridad: la regulación del procedimiento para los casos de flagrancia y las nuevas técnicas especiales de investigación para los delitos complejos, que incluyen las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y la prórroga de jurisdicción. Los proyectos habían sido presentados por Bullrich y Garavano el 5 de abril, junto con otra iniciativa que aun no pudo avanzar por la resistencia de la oposición, la reforma del Ministerio Público.

El Senado convirtió en ley el 8 de junio, en una votación unánime, el reintegro del IVA para los sectores más vulnerables, aunque todavía resta la reglamentación. Se estima que la ley beneficiará a 9 millones 200 mil personas, entre quienes perciben jubilaciones y pensiones por fallecimiento que cobren el haber mínimo; la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; y pensiones no contributivas nacionales. Senadores de la oposición pidieron -sin éxito- que la devolución sea financiada por el Tesoro Nacional para no afectar las arcas provinciales, dado que el IVA es coparticipable. En la misma sesión, el Senado convirtió en ley el feriado del 17 de junio en conmemoración del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes.

Días antes del inicio del mes, Macri lanzó el “megaproyecto” con el que buscó reencauzar la gestión hacia la política social. Se trató ni más ni menos que del pago de deudas a jubilados, un tema sensible en medio de los desmedidos aumentos de tarifas. Una “bomba política y fiscal”, tal como la definían en Cambiemos en la previa del anuncio. La iniciativa fue acompañada por un nuevo blanqueo de capitales -el quinto desde el regreso a la democracia- para destinar el dinero recaudado al pago de sentencias y retroactivos. Como broche de oro, el Ejecutivo coló en el texto el acuerdo con las provincias por la anhelada devolución del 15% de los fondos coparticipables, y una serie de reformas tributarias. Los medios de comunicación no tardaron en calificar semejante propuesta como “ley ómnibus”.

Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial y virtual vicejefe de Gabinete de la Nación, se puso al hombro la defensa en el proyecto en el Congreso, acompañado por el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y el titular de la AFIP, Alberto Abad. Así fue como la Cámara de Diputados comenzó a desgranar los diversos puntos de la ley.

El primero que encendió luces de alarma en la oposición fue la posibilidad de que el Gobierno pudiera desprenderse de las acciones que la ANSES posee en empresas privadas como parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El blanqueo también despertó críticas tempranas, que vinieron del propio frente Cambiemos. La UCR y la Coalición Cívica, con Elisa Carrió a la cabeza, exigieron de inmediato que los funcionarios de los tres poderes del Estado no puedan acogerse al “sinceramiento”. Y todo el arco opositor reclamó eliminar un artículo que imponía duras penas de prisión a la difusión de datos de los “blanqueadores”. El oficialismo terminó cediendo en todos estos aspectos. Necesitaba que el proyecto salga, y con la mayoría más holgada posible.

En Diputados fue clave, una vez más, el apoyo el Frente Renovador y el bloque Justicialista. El massismo consiguió además un agregado sustancial: la exención del impuesto a las Ganancias para el medio aguinaldo de junio para quienes no tributen Bienes Personales. La votación resultó 162 a 76, y el debate en particular insumió cuatro horas, por lo que la sesión finalizó a las 4 de la mañana del jueves 16 de junio.

La jornada estuvo marcada por una nueva fractura en el Frente para la Victoria, que perdió a tres diputados de Misiones encabezados por el exgobernador Maurice Closs. Por esas horas, el país estaba conmocionado por el hallazgo del exsecretario de Obras Públicas, José López, intentando ocultar en un monasterio de General Rodríguez casi 9 millones de dólares. La Cámara alta convirtió en ley el pago a jubilados el 29 de junio, con 56 votos positivos y 11 negativos. El kirchnerismo duro referenciado en La Cámpora fue el principal detractor de la norma.

El Senado terminó el primer semestre de la mejor manera para Cambiemos, que el 15 de junio logró avalar los pliegos de Rosenkrantz y Rosatti, en una votación que superó ampliamente los dos tercios requeridos por la Constitución Nacional. Un día antes de la sesión, el peronismo emprendió la cruzada para ampliar el número de miembros de la Corte Suprema. Una quincena de proyectos comenzó a ser tratada en un plenario de comisiones. “La Corte de cinco ya no se ajusta a la realidad política e institucional que tiene la Argentina”, sentenció Pichetto en el recinto. Pero el Gobierno se resiste.

Otros de los proyectos que avanzaron en el último tiempo tuvieron como epicentro el combate a la corrupción. El primero fue la ampliación de la figura del arrepentido a distintos delitos, y el segundo, la extinción de dominio para bienes provenientes de ilícitos. Una vez más, la oposición forzó importantes cambios a ambos proyectos durante el debate en comisiones de Diputados, que en este caso fue veloz. En la sesión, el Frente para la Victoria perdió otros seis diputados, los del Movimiento Evita. El protagonista de esa picante jornada del 23 de junio fue el exministro de Planificación Federal Julio De Vido. Cambiemos logró, tras dos intentos fallidos, aprobar la resolución para permitir el allanamiento a sus propiedades. Fue una discusión de alto voltaje, con cruces y hasta insultos.

En junio también se conformó la estratégica Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que quedó en manos del senador radical Juan Carlos Marino, mientras la Cámara alta tiene pendiente para la segunda parte del año la aprobación de los pliegos del jefe y la vicejefa de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La situación de Ricardo Echegaray en la AGN también involucró al Congreso. El presidente de Diputados, Emilio Monzó, y su par del Senado, Gabriela Michetti, firmaron su remoción el 2 de junio luego de que Bonadio dispusiera el procesamiento del extitular de la AFIP por el presunto delito de falso testimonio. Javier Fernández quedó como auditor general interino.

En la última sesión antes del receso invernal, Diputados aprobó proyectos para promover las pequeñas y medianas empresas y el sector autopartista. Ambas iniciativas reunieron consenso en todo el arco político y serán tratadas por el Senado en el tan promocionado segundo semestre.