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Sábado 19 de agosto de 2017
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En un clima caldeado, Diputados convirtió en ley la prohibición de carreras de galgos
El proyecto establece duras penas para los galgueros, que protestaron frente a los ingresos de Diputados, separados de los proteccionistas de animales por un cordón policial.
16 de noviembre de 2016
En un clima caldeado, la Cámara de Diputados convirtió en ley en los primeros minutos de este jueves la prohibición de carreras de galgos, luego de que galgueros y proteccionistas de animales se enfrentaran en las afueras del Congreso.

Si bien en las horas previas a la votación la ley tambaleaba, finalmente consiguió 132 votos positivos, 17 negativos y 23 abstenciones.

La calle Rivadavia fue cortada y un cordón policial dividió en horas de la tarde a galgueros y proteccionistas, enfrentados por un tema que levanta pasiones y sobre el que se expresó hasta el propio presidente Mauricio Macri.

En el artículo primero del proyecto, se prohíben “en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza”.

Quienes organicen, promuevan, faciliten o realicen carreras de perros, serían reprimidos con prisión de tres a cuatro años y multas que van de 4 mil a 80 mil pesos.

La titular de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, denunció que “las carreras de galgos son un negocio, una industria de juego clandestino donde son prioritarias las ganancias”.

La diputada radical precisó que “en Estados Unidos 45 estados ya prohibieron las carreras de galgos”, lo que “marca un nuevo paradigma positivo”.

En el mismo sentido, Daniel Lipovetzky (Pro), presidente de la Comisión de Legislación general, destacó que la ley “es un gran paso adelante en la protección de los animales”.

La kirchnerista Diana Conti calentó el debate con su rechazo absoluto al proyecto, que manifestó “sin temor a que la linchen en la calle”.

“Este debate planteó una falsa antinomia, que consiste en que quienes votamos en contra no amamos a los animales y no repudiamos el maltrato, y eso no es verdad”, aclaró la legisladora.

Para Conti, “estamos votando la criminalización de argentinos que encuentran un trabajo digno en ese tipo de actividad”.

“¡Esta ley es bochornosa!”, alertó en tono enardecido, al explicar que “es inconstitucional que por una ley de carácter nacional se prohíban las carreras de galgos”.

Además, Conti denunció que “es de fachista poner una pena de hasta cuatro años de prisión –no excarcelable- para el que organice o difunda las carreras de galgos”, al recordar que ni siquiera las penas por delitos viales tienen ese castigo.

Por último, se refirió al spot que grabó un grupo de artistas bajo el lema “Stop galgueros” y remató: “¡Los que quieren quedar bien con los artistas que defienden a los animalitos son de plástico!”.

Néstor Pitrola, del Partido Obrero, adelantó su apoyo al proyecto y denunció que algunos de los galgueros que se hicieron presentes en las puertas del Congreso lucían gorras con el nombre del diputado salteño Alfredo Olmedo, quien rechaza la ley.

“Yo no soy ningún mafioso, yo tengo bien en claro porqué estoy acá”, le aclaró por su parte el diputado salteño al pedir una cuestión de privilegio contra Pitrola. Paralelamente, Victoria Donda presentó una moción de privilegio contra el propio Olmedo por haber traído “a esos mafiosos que nos patotearon en la puerta”. Olmedo le retrucó: “Yo no traje a nadie, la gente me pidió la gorrita y se las di”.

La radical Olga Rista se manifestó luego sorprendida por coincidir por una vez con el diputado Néstor Pitrola. En su discurso admitió que las carreras fueron una tradición, pero consideró “una evolución” la posibilidad de cambiar. “La prohibición creo que es el camino correcto”, puntualizó.

El kirchnerista Alejandro Abraham (Mendoza) sugirió que con los mismos argumentos podría llegar a pedirse la prohibición de las carreras de caballos. Y fue por más al incluir al polo y al pato. “Lo que no podemos hacer es violar la Constitución”, sostuvo, considerando que una prohibición de las carreras de galgos iría en ese sentido, pues “el poder de policía no ha sido delegado en este Congreso.

“Cuando se dice que se está defendiendo puestos de trabajo, ¿cuánto empleo tiene?”, se preguntó Darío Giustozzi, quien directamente atribuyó las movidas en favor de los galgueros al intento de “defender mafias”.

A su turno, volvió a hablar Alfredo Olmedo, ya no para plantear una cuestión de privilegio, sino para hacer un discurso que inició asegurando que no tiene perro. El legislador sostuvo que “la carrera de galgos es una tradición, y los que crían galgos los cuidan más que a la señora o a los hijos”. Aseguró además que “les dan de todo, vitaminas, hay un veterinario atrás; a la gente le gusta jugar por jugar. Si prohibimos los galgos, vamos a prohibir las carreras de caballos, el pato”. Propuso luego “hacer una ley para prohibir prohibir”, porque de lo contrario “vamos a prohibir todo”.


Olmedo anticipó que “voy a seguir apoyando todas las tradiciones”, y se manifestó de acuerdo con penalizar y controlar, pero cuestionó prohibir esa actividad.

La mendocina Patricia Giménez habló de generar “un cambio cultural”, y habló de “un nicho donde se trafica con drogas, pero sobre todo se maltrata a los animales” y consideró que esta ley “es un llamado cultural a los argentinos. Quienes amamos a nuestros animales, quienes amamos a nuestros perros, no queremos carreras de galgos en la Argentina”.

El kirchnerista Lautaro Gervasoni consideró que el debate parecía ser “un debate desigual” y puso en duda que los galgueros sean parte de mafias. “No les veo pinta de proxenetas y mucho menos de mafiosos; debe haber gente mala, pero no todos lo son”, estimó, pidiendo “sacar la paja del trigo y discutir con racionalidad”. Advirtió que “las prohibiciones no llevan a nada, llevan a clandestinizar el tema”.

El chaqueño Juan Manuel Pedrini (FpV-PJ) salió primero en defensa del diputado Alfredo Olmedo, del que se definió como “un enconado rival político”, porque se lo vinculó con las mafias, y luego sobre la ley puso en duda que esta norma pase un examen de constitucionalidad. Y luego mencionó a la revista Parlamentario, señalando que en una nota reciente informó que “el 33% de los miembros de este Congreso pasó por la facultad de Derecho y pensamos aprobar este disparate jurídico”.