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Lunes 22 de octubre de 2018
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Desde el Consejo de la Magistratura advierten que el Senado dejó 14 acuerdos pendientes
En un balance de 2016, el expresidente del organismo, Miguel Piedecasas, atribuyó responsabilidad a la Cámara alta y al Poder Ejecutivo por la falta de cobertura de vacantes en la Justicia.
4 de enero de 2017
El flamante vicepresidente del Consejo de la Magistratura y titular del organismo hasta diciembre último, Miguel Piedecasas, advirtió que la responsabilidad por la falta de designación de jueces para cargos vacantes “no es solamente del Consejo sino también del Poder Ejecutivo y del Senado”, que acumulan 38 acuerdos pendientes.

“Este año que transcurrió, elevamos 38 ternas. La gestión no logró el resultado deseado, de 50 ternas de promedio. Pero la deuda con la sociedad no es solamente del Consejo, sino también del Poder Ejecutivo (22 designaciones pendientes) y del Senado (14 acuerdos pendientes)”, señaló Piedecasas en un balance con el que cerró su paso por la presidencia del Consejo, que concluyó el 22 de diciembre.

El abogado santafesino, que en el Consejo representa a los letrados del interior del país, agregó que urge que “todos” optimicen el circuito para la designación de los jueces de la Constitución, y recordó que “hasta 2010, el promedio de elevación de ternas fue de 52 por año, pero luego de ese año y durante los cinco que siguieron el promedio bajó a 13, con lo cual se acumularon 200 ternas sin elevar y por ende igual cantidad de vacantes a cubrir”.

“Arrastramos un pasivo en la gestión de ternas que perjudica gravemente el funcionamiento del servicio de Justicia”, consignó, y recordó que a este pasivo acumulado se le agregan las vacantes que se generan todos los años por fallecimiento, renuncias y jubilaciones.

En tanto, Piedecasas recordó que el Congreso dejó pendiente en 2016 la nueva Ley de Subrogancias, dado que la Ley 27.145, sancionada durante el kirchnerismo, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

El abogado y consejero recordó que durante todo el año el Consejo “reclamó el dictado de una ley que no fue lograda por el Congreso y, por ende, hizo que el Consejo se hiciera cargo de esta problemática sin un marco normativo claro y preciso”.