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Jueves 19 de abril de 2018
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El Gobierno quiere modificar el Código Penal
Como la reforma del régimen penal juvenil, será un tema a debatirse a lo largo del año, para llevar un proyecto de ley al Parlamento el año siguiente. Garavano anunció que quiere hablar con Massa y Stolbizer, y se quejó por el diseño del Consejo de la Magistratura.
6 de enero de 2017
El Gobierno, que anunció esta semana la intención de impulsar el debate de una reforma del régimen penal juvenil, piensa en realidad en una revisión integral del Código Penal. Así lo confirmó este viernes el ministro Germán Garavano, que advirtió que nuestro país es uno de los que tiene “mayores niveles de impunidad de la región y del mundo”, razón por la cual se necesitan cambios profundos.

El funcionario señaló que “cuando se analiza la cantidad de hechos en relación a la cantidad de personas condenadas, el número es menor al 1 por ciento”.

Por eso se requieren “cambios profundos”, remarcó, destacando que lo que el Gobierno intenta ahora es “corregir eso, pero va a llevar tiempo y todos tenemos que tratar de sostener una política de Estado”.

Esta semana se conoció la intención de impulsar una reforma del régimen penal juvenil por el que se baje la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo cual abrió un debate en el que participaron todas las fuerzas y organizaciones que están atentas al tema. Ahora en la cartera que conduce Germán Garavano confirman que lo que se busca impulsar es “la revisión general de todo el Código Penal”.

Todos se quejan porque el Código Penal, al que el gobierno de Cristina Kirchner quiso modificar en 2014, a través de una comisión integrada por representantes de diversos partidos, entre ellos Federico Pinedo, por el Pro, y encabezado por Raúl Zaffaroni, tiene cientos de “parches”. “Quedó obsoleto y perdió sentido de la proporción”, advierten desde el Ministerio de Justicia, donde se pone como ejemplo la reciente aprobación de la ley que prohíbe las carreras de galgos, que contempla penas de prisión de tres meses a cuatro años. Por lo cual, alguien que organice una carrera puede ir preso y no un acusado de homicidio culposo.

En rigor, durante el debate en el Congreso desde el kirchnerismo se escucharon advertencias en ese sentido.

Tanto en el caso de la ley para menores y la revisión del Código Penal, el debate parlamentario será dejado para después de las elecciones, en 2018; este año estará dedicado a una discusión entre técnicos y especialistas. De esta manera se dejará la discusión parlamentaria para el próximo año para evitar que “se politice” la cuestión y que el tema se convierta en el caballito de campaña de algún sector o varios, a favor o en contra.

De hecho, el jueves los socios políticos Sergio Massa y Margarita Stolbizer salieron a plantear un llamado a sesión extraordinaria para el mes de febrero para discutir la reforma del régimen penal juvenil. Frente a esto, Garavano anticipó este viernes por Radio Mitre que se reunirá con ambos diputados en busca de “consensos” sobre las cuestiones planteadas, dejando claro que “no son cosas que se resuelven en un minuto o en diez días”.

Atento a la discusión que se planteó los últimos días del año pasado en torno a un tema como Ganancias, Garavano aclaró que “no podemos caer en soluciones mágicas”, pero igual aclaró que “hay cuestiones urgentes donde podemos construir consenso y dejar algunas que tienen un volumen técnico más complejo para más adelante”.

El ministro de Justicia dejó claro que “estamos abiertos al trabajo conjunto pero hay que tener en cuenta que no son cosas que se puedan resolver en un segundo o en diez días”.

Volviendo sobre la cuestión de la baja de edad de imputabilidad, reconoció que se trata de un tema “conocido y utilizado”, ya que “a veces los mayores, los mandan a cometer delitos” porque “saben que los dejan en libertad al día siguiente”.

En tren de analizar las cuestiones del andar de la Justicia en general, señaló que el Consejo de la Magistratura adolece de “un problema de diseño legal”, ya que sus miembros “cumplen tareas part time, porque o son legisladores o jueces, con lo cual no están a tiempo completo y es un problema”.

Asimismo advirtió que hay inconvenientes “de orden político” ya que es “muy difícil remover por ahí a algún juez” debido a “cómo está integrado en número” el organismo, con “jueces o diputados o senadores del gobierno anterior, lo que hace que no se llegue con la cantidad de votos”.