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Domingo 24 de septiembre de 2017
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Piden rechazar los reclamos de nulidad por la causa Ciccone
La Oficina Anticorrupción solicitó que no se anule la elevación a juicio oral de la causa, dejando sin efecto los pedidos de Boudou, Nuñez Carmona, Vandenbroele y Brenner.
6 de enero de 2017
La Oficina Anticorrupción solicitó que se rechacen los pedidos de nulidad de la elevación a juicio oral de la causa Ciccone realizados por el ex vicepresidente Amado Boudou, los empresarios José María Nuñez Carmona y Alejandro Vandenbroele y el ex Jefe de Asesores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Rafael Resnick Brenner.

El 29 de julio de 2016 la Oficina Anticorrupción había solicitado la elevación a juicio oral de la causa que investiga si Boudou y Nuñez Carmona adquirieron la empresa quebrada Ciccone Calcográfica a través de la empresa The Old Fund y de su titular, Vandenbroele.

Boudou y Nuñez Carmona sostuvieron que los dictámenes a través de los cuales se formuló el pedido de nulidad de la elevación a juicio eran inválidos ya que no hallaría completo el período de instrucción; por lo que la Oficina Anticorrupción aseguró en un escrito que “no es dable a cuestionar la evaluación que realiza el magistrado sobre la concurrencia del estado de convicción necesario para efectivizar dicha vista” ya que “si el juez ,en una decisión que esta querella comparte, estimó que la instrucción se encontraba completa respecto de los imputados, dicha decisión es insusceptible de ser cuestionada por la defensa, puesto que los únicos legitimados para ello son la parte querellante y el agente fiscal”.

De esta manera el texto arrojó que “la defensa únicamente puede deducir excepciones no interpuestas con anterioridad u oponerse a la elevación a juicio instando el sobreseimiento”.

Vandenbroele consideró, al igual que el ex vicepresidente y el empresario, que el periodo de instrucción no se hallaba completo ya que “no se había agotado el cuadro probatorio y que restaban las indagatorias de personas que habrían intervenido en la maniobra, lo cual le impediría el pleno ejercicio del derecho a la defensa”.

En este sentido, la Oficina Anticorrupción explicó que el rechazo se debía a que “no se ha infringido el ordenamiento procesal y que tampoco ha existido afectación del derecho de defensa del imputado” y agregó en el mismo escrito que “la ley no le asigna a las defensas la facultad de expedirse sobre la compleción o no de la encuesta, sino la facultad de deducir excepciones no planteadas anteriormente y de oponerse a la elevación a juicio, instando el sobreseimiento”.

A su turno, Resnick Brenner había efectuado la petición ya que aseveró que se trataba de “falacias” y “presunciones sin prueba las que llevan a los acusadores a reprocharle responsabilidad y al expresar que sus funciones estaban supeditadas a lo que la AFIP dispusiere”; no obstante, la Oficina Anticorrupción especificó que se trataba de “una mera discrepancia con lo dictaminado no convalida a la parte para reclamar la nulidad de lo actuado, y mucho menos que de ello se derive el sobreseimiento del imputado”.

La misma institución resaltó la responsabilidad del imputado en el hecho al señalar que “el 25 de octubre de 2010 el encartado realizó un informe en sentido favorable a la aprobación de un plan de pagos, en el que consideró, de forma inédita para esta clase de trámites, que era preciso obtener la opinión del ministro de Economía respecto del temperamento que debía adoptarse”. Sobre esta misma línea, destacó que “Resnick Brenner, tomando intervención una vez más en el trámite del expediente, rescató al formular su segundo informe aquel que, ya dirigido a la decisión del Administrador Federal, aconsejaba admitir el plan de pagos solicitado” y añadió que tuvo un “aporte esencial y necesario para la maniobra desplegada por el entonces Ministro de Economía, Amado Boudou”.