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Lunes 25 de junio de 2018
LEGISLATURA PORTEÑA
Buscarán terminar con el trabajo esclavo
El diputado porteño de Bien Común Gustavo Vera aseguró que insistirá con 3 propuestas de su autoría que buscan acabar con la mano de obra esclava y fomentar la creación de un polo textil.
20 de enero de 2017
El diputado porteño de Bien Común Gustavo Vera dialogó con parlamentario.com y explicó que insistirá con 3 proyectos de su autoría que tienen como objetivo terminar con la mano de obra esclava, regularizar la situación de los trabajadores explotados en talleres clandestinos y fomentar la creación de un polo textil en la Ciudad de Buenos Aires.

Las iniciativas habían sido presentadas a inicios de 2016, no obstante, el legislador recordó que “se empezaron a tratar en comisión después de que se murieron dos chicos cuando se incendio el taller de Páez 2796”. En este sentido, afirmó que “esperemos que no tengamos que seguir lamentando más tragedias y que realmente haya sentido común, para que podamos sacar alguna conclusión práctica y avanzar con estas leyes.

“La propia actualidad va a llevar a que se aprueben estos proyectos”, sentenció.

Auditoria de marcas

La primera de las propuestas “es para que las marcas tengan responsabilidad social y auditen toda su cadena de valor y certifiquen que están libres de trabajo esclavo, además queremos que esta auditoría la haga algún organismo del Estado”, aseguró el diputado.

La iniciativa propone que a través del Programa Nacional de Compromiso Social Compartido del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), se audite toda la cadena de valor de las marcas de indumentaria , y que a raíz de dicha auditoria se genere la certificación correspondiente.

En este sentido, la normativa estipula que “las empresas que tienen como objeto la producción, distribución y comercialización de productos textiles y afines con bocas de expendio propias o de terceros, radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrán un plazo de 1 año para cumplimentar la Auditoría obligatoria y obtener la Certificación que establece el Programa de Compromiso Social Compartido”.

Además, el texto presentado por Vera sostiene que las empresas que no se ajusten a los requerimientos de la ley “no podrán comercializar sus productos en bocas de expendio propias o a través de terceros dentro de esta jurisdicción”. También prevé que “la Ciudad generará un Registro Público de Auditoría de Marcas donde consten las empresas que no se hayan sometido a la Auditoría Obligatoria en los plazos previstos o que, habiéndolo hecho, la misma no haya logrado la certificación por no cumplir con la legislación”.

En esta línea, el diputado explicó que “ese mismo organismo es el que tiene que ir controlando y certificando que la marca este cumpliendo con todas las condiciones de legalidad” y añadió que “para aquellas marcas que no lo cumplan, tiene que haber un sistema de sanciones, tal y como existe en Brasil, tratando de desalentar la utilización de mano de obra esclava”.

El proyecto también contempla penalizaciones para quienes ejerzan la actividad sin la certificación correspondiente, por lo que las empresas podrían ser multadas de 1.400 a 13.700 unidades fijas, además de la clausura del establecimiento hasta tanto cuente con la debida certificación.

Proveedores del Estado

“Otra de las leyes tiene que ver con los proveedores del Estado, porque si uno se pone a revisar la mayoría de estos proveedores están muy flojos de papeles”, subrayó el legislador, y agregó que “proveedores de indumentaria del Estado son empresas fantasmas, que tienen 2 o 3 empleados, pero que manejan volúmenes muy importantes de presupuesto que fueron asignados a algún espantapájaros que está escondido detrás de talleres clandestinos”.

De esta manera, la propuesta de Vera sostiene que “la Administración Pública, las dependencias, reparticiones o entidades autárquicas, autónomas o descentralizadas, las empresas concesionarias de servicios públicos y las empresas de Estado, que adquieran materiales, mercaderías y productos de origen nacional deberán exigir que hayan sido producidos por trabajadores inscriptos en el Sistema Único de Registro Laboral, y en el caso de productos de origen extranjero por lo dispuesto por la OIT”; y añade que “estarán obligados los que celebren contratos de obras o de servicios con la administración pública, las dependencias, reparticiones o entidades autárquicas, autónomas o descentralizadas y las empresas de Estado”.

Sobre esta línea, el diputado recordó que “estos dos `últimos años ha habido allanamientos en talleres clandestinos que hacen ropa para el Estado, como los uniformes para la Policía Metropolitana, Gendarmería, Policía Federal y algunos otros hacían delantales”, por lo que “me parece que hay que terminar con esto de cuajo, que el Estado tiene que dar el ejemplo, por lo tanto primero tiene que auditar a sus proveedores”.

Polos Textiles

“Con respecto a los polos textiles, tenemos que replicar algo que ya se hizo como política pública en el 2007 y 2008, que fue un acuerdo entre el gobierno de la Ciudad, el Ministerio de Producción, la Defensoría del Pueblo , el Instituto Nacional de Tecnología Industrial , que sabiamente resolvieron asignar un predio del Estado, que era una terminal de ómnibus que luego fue refaccionada, para hacer un gran polo donde funcionen 10 cooperativas con trabajadores que salían de talleres clandestinos”, resaltó el presidente de Bien Común.

Sin embargo, explicó que “la originalidad de este polo es que no es un polo de una organización, es un polo del Estado controlado por el Estado” y detalló que “dentro de este polo va a haber un equipo técnico que va a controlar que las cooperativas trabajen 8 horas, estén debidamente capacitadas, entre otras cuestiones.

En este sentido la normativa específica que se deben crear “dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico dos nuevos centros demostrativos de indumentaria los cuales se encontrarán emplazados en dos zonas determinadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el este de la Ciudad, Flores o Floresta, y el segundo en el Sur 8, Villa Lugano o Villa Soldati”.

Además estipula que “los inmuebles deberán poseer una superficie cubierta de al menos 2400 metros cuadrados cada uno y deberán ser afectados al emplazamiento de los Centros Demostrativos de Indumentaria”.

El objeto del Centro Demostrativo de Indumentaria será el de reconocer, fomentar, fortalecer, emplazar y nuclear la actividad y producción de las cooperativas de trabajo relativas a la industria textil y tendrá como objeto central, la incorporación de trabajadores rescatados de talleres clandestinos que hubieran sido sometidos a situaciones de explotación laboral.