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Sábado 20 de enero de 2018
NOTICIAS
El Gobierno cambió por decreto la Ley de Migraciones
Tal cual se había adelantado, se conoció este lunes el DNU a través del cual se aceleran los procesos de deportación de aquellas personas extranjeras que hayan cometido delitos, a las que también se les impedirá el ingreso al país.
30 de enero de 2017
La semana arrancó con la publicación de otro Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica en este caso la Ley de Migraciones N° 25.871, con el fin de acelerar los procesos de deportación e ingreso a la Argentina de extranjeros que hayan cometido delitos.

Según la norma conocida este lunes, se busca acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos, ante lo que se plantea como “una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes”.

Se reglamenta así “un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio”.

En los considerandos del decreto 70/17 se indica que “ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación”.

El texto destaca los principios establecidos por la Constitución Nacional en relación a los derechos que gozan los extranjeros en el país, pero aclara que “cada Estado Nacional tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales” y que el ejercicio de esa potestad “debe hacerse con pleno respeto de los derechos de las personas extranjeras y en forma compatible con las normas de protección de los Derechos Humanos”.

“En los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas”, se puntualiza, destacando que “la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total”.

Añade el texto que “en relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que el 33 por ciento de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros” y argumenta que eso demuestra que “la población extranjera está altamente representada entre los detenidos, teniendo en cuenta que, conforme el último censo nacional, la participación de la población extranjera como porcentaje de la población total es del 4,5 por ciento”.

“Como consecuencia de los controles implementados por la actual gestión de la Dirección Nacional de Migraciones se ha detectado en el último año una nueva modalidad de fraude a la ley migratoria, consistente en un uso abusivo y contrario a los fines de la ley del instituto de la residencia precaria”, agrega el DNU conocido este lunes que lleva las firmas de todo el Gabinete.

Se agrega que “el análisis efectuado de diversos regímenes vigentes en el Derecho Comparado permite concluir que los procedimientos de expulsión de personas de nacionalidad extranjera se sustancian por regla general de manera expedita, pues la cuestión a resolver en ellos queda circunscripta a determinar si a un extranjero le asiste o no el derecho de permanecer en el territorio del Estado respectivo”.

“La razonabilidad del plazo de duración de un proceso reviste gran importancia para el efectivo respeto del derecho al debido proceso legal garantizado en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país”, completa el DNU, que remarca que el “procedimiento sumarísimo” que establece el decreto es “respetuoso del artículo 22 inciso tercero de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto se orienta a la protección de la seguridad y el orden público”.