BUSCAR FACEBOOK TWITTER
Lunes 24 de abril de 2017
LEGISLATURA PORTEÑA
El FIT pide que haya licencias por violencia de género
Los legisladores Marcelo Ramal y Laura Marrone presentaron en el Palacio Legislativo porteño un proyecto de ley mediante el cual piden que se incorpore en la ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la CABA, este tipo de licencia.
15 de marzo de 2017
Los diputados del FIT Marcelo Ramal y Laura Marrone presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una iniciativa mediante la cual solicitan que se incorpore al artículo 16º de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la CABA, el inciso “0.Licencia laboral por violencia de género”.

De esta manera, la propuesta prevé que la licencia será con goce de sueldo y añade que “el personal del GCBA, cualquiera sea su situación de revista, podrá solicitar dicha licencia con la sola presentación de un certificado emitido por los Centros de Salud o Centros de asistencia y atención a la víctima del ámbito público”.

Asimismo, estipula que “el plazo mínimo de días de licencia con goce de haberes no será menor a 90 días corridos; y en caso de ser necesaria una prórroga de la misma, se solicitará mediante un certificado emitido por persona médico o de atención de los centros de salud y de asistencia a la víctima del ámbito público”.

Además, el texto de la normativa indica que una vez que el damnificado acceda a la licencia, “el Gobierno de la Ciudad deberá poner a disposición un equipo interdisciplinario de profesionales que asistan el caso y que deberán hacer un seguimiento de la evolución de víctima, a la cual brindarán atención y contención para preservar su salud física, psíquica y emocional y para su recuperación en estos aspectos”; y especifica que “en caso de ser necesario la persona podrá solicitar el traslado –provisorio o definitivo- de lugar de trabajo, a otra dependencia del ámbito de la Ciudad, con la finalidad de resguardar su integridad y seguridad”.

Entre los fundamentos de la medida, Ramal y Marrone indicaron que “la violencia de género constituye una de las violaciones a los derechos humanos más frecuentes y sistemáticas; ella no encuentra su fundamento solo en un problema de género; el tipo de organización social regido por el capital favorece esta extrema violencia y un mayor grado de explotación hacia las mujeres”.

“En nuestro país los datos de asesinatos a mujeres por violencia de género son aterradores, aún con la dificultad de no contar con una estimación exacta, en tan sólo el primer trimestre de 2017 la escalofriante cifra ha subido a un femicidio cada 18 horas”, explicaron y añadieron que “el proyecto pretende darle un marco de protección legal a las miles de mujeres que padecen de violencia de género y no encuentran marco legal alguno para proteger uno de los elementos fundamentales que le pueden permitir avanzar hacia la separación de sus golpeadores; la continuidad de su fuente de trabajo como posibilidad de su independencia económica”.