La norma es requerida por el Gobierno y, fundamentalmente, por las empresas involucradas, por cuanto propone entre otras cosas que un mínimo del 10% de los concursos y licitaciones públicas qure realice el Estado estén reservados exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas.

¿En dónde radican las diferencias que los senadores no pudieron eliminar? Tienen que ver con las preferencias dadas a las pymes para presentarse en concursos y licitaciones. Según los senadores radicales José Genoud y Jorge Agúndez, tal preferencia encarecería los costos operativos del Estado, obligando a comprar más caros cada vez que concursen las Pymes. Sucede que en el proyecto original del Ejecutivo se disponía una preferencia del 5% para la participación de pymes, cifra que hasta fue considerada excesiva por ciertos funcionarios. Ni qué hablar entonces de la postura actual.

Otra diferencia planteada es la relacionada con las multas sobre los cheques rechazados. Sucede que en la actualidad, esos montos recaudados son destinados a asistir a los discapacitados; la media sanción de Diputados deja sin efecto esa asistencia, lo cual ya fue resistido en la Cámara baja. En el Senado, hay coincidencias en cuanto a mantener tal mecanismo de generación de fondos. En esto habría coincidencia para volver las cosas a como estaban, lo que sería refrendado luego por los senadores.

Otras revisiones tienen que ver con un presupuesto anual de 100 millones denominado Fonapyme -a los que se añaden otros 100 para el Fogapyme- que se otorgan en materia impositiva, previsional y de tratamientos preferenciales.

Se supone que esta norma será la base de la recuperación del sector, lo que promete convertirse en mascarón de proa de la economía. Sin embargo, al persistir la mora legislativa, las tan castigadas empresas del sector seguirán en la no tan dulce espera.