La ofensiva la inició el bloque justicialista cuyo presidente, Humberto Roggero, reclamó la “reapertura” de la Cámara baja y acusó a la Alianza de no querer sesionar para disimular sus diferencias internas por el caso La Tablada.

Quien salió a retrucarle fue el propio presidente del cuerpo, Rafael Pascual, quien negó que la Cámara estuviera cerrada y dijo que por el contrario, las protestas justicialistas obedecían a “cuestiones políticas que no tienen nada que ver con el recorte salarial del 12%, sino a la poda de privilegios a los diputados”.

El presidente del bloque justicialista sostuvo que la Alianza pone como “excusa” para no sesionar al paro de la Asociación de Personal Legislativo (APL), pero aseveró que en realidad se niega por otras razones a que el Congreso funcione. “La Alianza tiene mayoría y quórum propio, pero tienen problemas políticos con el tema de La Tablada, en el que no se pueden poner de acuerdo, como tampoco lo hacen sobre el recorte del 12 por ciento a los trabajadores”, se quejó el jefe del bloque durante una conferencia de prensa que ofreció en el Congreso.

“Parece que el modelo del Perú con Alberto Fujimori, a algunos funcionarios de acá y de afuera, les estaría gustando demasiado”, denunció Roggero, quien dijo que su bloque presentará un pedido de sesión especial para el miércoles próximo, en el que el PJ buscará tratar la derogación del recorte salarial a los empleados de Diputados.

Por su parte, Pascual desmintió una a una las denuncias de Roggero en una conferencia de prensa que ofreció a media tarde y en la que fue categórico al afirmar que “la cámara no está cerrada, sino que funciona con las limitaciones propias de un paro de actividades”.

En tal sentido sostuvo que “la cámara estaba cerrada el 10 de diciembre, cuando tenía la luz y el agua cortada y estaban a punto de cortar los teléfonos por la deuda de 27 millones que nos dejó el menemismo”, replicó.