Paradójicamente la Cámara baja viene zafando de tantos cuestionamientos, pero está inmersa en una crisis extrema que prácticamente la ha paralizado, al menos en lo que hace a las sesiones de los jueves. En ello coadyuvan varios factores tales como la difícil relación entre aliancistas y peronistas -en esto tiene mucho que ver el flujo de dinero que Rafael Pascual administra a cuentagotas-, así como el plan de lucha que desarrolla la Asociación de Personal Legislativo, que rechaza el recorte del 12 % aplicado a sus haberes.

Este tema va para largo, ya que los trabajadores piensan seguir con esta actitud, a razón de paros de 24 horas todos los jueves, lo que da que pensar en la imposibilidad de que el cuerpo pueda volver a reunirse en el recinto, si las partes mantienen esta actitud intransigente. A lo Riquelme, como comparó ayer un periodista ante el recinto nuevamente vacío.

Ante la imposibilidad de sesionar normalmente, muchos aventuraron la inminente intervención del Ministerio de Trabajo, que estaría en condiciones de decretar la conciliación obligatoria en la Cámara de Diputados, cuestión de poner las cosas en su cauce. Sin embargo una fuente cercana a la presidencia del cuerpo aclaró que eso no iba a tener lugar, por cuanto significaría una nueva intromisión de un poder dentro del legislativo, y con eso ya habían tenido suficiente a partir de la decisión unilateral de Alvarez y Pascual de extender en ambas cámaras el recorte impulsado por el Poder Ejecutivo.

¿Cuál será la solución entonces? La misma fuente -que exigió absoluta reserva- aclaró que el presidente de la Cámara no podría dar marcha atrás en el recorte, por cuanto ello iba a ser tomado como una derrota. Así que la salida parecería estar en manos de la Justicia. Es que en Diputados estarían aguardando que algún juez haga lugar a alguna de las presentaciones judiciales impulsadas contra el recorte, para acatar la medida y archivar la cuestión.