Varios legisladores señalaron a Parlamentario.com que la decisión de pedirle al Procurador que ocntinúe la investigación fue consensuada a través de una serie de llamados telefónicos, por cuanto se evitaron los contactos públicos. Paralelamente, el Gobierno apuntó hacia varios objetivos, por cuanto mientras el Presidente hacía trascender su respaldo a todo su gabinete, envió a su ministro Alberto Flamarique y a Fernando de Santibañes a dar explicaciones ante la Oficina Anticorrupción.

En cuanto a la carta remitida al Presidente por los senadores, solicita que de a publicidad el movimiento de fondos de las cuentas de la SIDE, durante el período de tiempo en el cual se llevó a cabo el tratamiento de la ley de reforma laboral. En tal sentido los legisladores acordaron citar para el martes próximo a Flamarique y a Santibañes, a quienes las versiones periodísticas sindican como los funcionarios que ofertaron “favores personales” a los senadores.

Las decisiones fueron adoptadas en el marco de una extensa reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, realizado en un clima de expectativa y tesión, mientras paralelamente circulaban otros dos anónimos que atacando un representante justicialista y a los senadores en general.

El senador Antonio Cafiero se pronunció en contra de darle participación a la Procupación y dijo que “es responsabilidad de los senadores y no de un organismo extrapoder investigar las sospechas que pesan sobre el cuerpo”, mientras que el presidente del bloque del PJ, Augusto Alasino, se mostró en desacuerdo con el pedido de explicaciones a De la Rúa, y decía que la gente “cree en su gran mayoría en la honestidad del Presidente”.

Cafiero dijo que “la idea de trasladar el tema conspira contra la dedicación que le deberíamos prestar los senadores”.

Por su parte, el presidente de la bancada Radical, Raúl Galván criticó en duros términos la publicidad del anónimo que circuló la semana pasada en el Senado y aseguró que “contrariamente a lo que dijo la prensa nunca fue leido por Carlos Alvarez en la reunión de presidentes de bloque”.

Más allá de las medidas adoptadas, tanto Cafiero como Villaverde no se retiraron satisfechos por los pasos a seguir: los senadores bonaerenses no encontraron solidaridad por parte de las autoridades del bloque peronista. Justamente, a raiz del escándalo desatado en el Senado, los dos peronistas que representan a Buenos Aires amagaron con irse del bloque que preside Alasino y cuya cúpula aparece en los anónimos que circulan por el Senado como los principales involucrados en el cobro de los “favores” otorgados por el gobierno.

A partir de la participación de Cafiero y Villaverde en la Comisión de Asuntos Constitucionales, reiterando lo que habían dicho hace dos semanas sobre la falta de certeza acerca de los rumores, quedó desvanecida la importancia de la reunión de presidentes de bloque, a la que el vicepresidente Carlos Alvarez pensaba citarlos. La reunión de Labor Parlamentaria finalmente se vio superada en trascendencia por la de Asuntos Constitucionales.

En cuanto al origen de las versiones sobre sospechas, y más allá del artículo periodístico, los senadores Raúl Galván y Augusto Alasino mantuvieron una discusión sobre la lectura de un anónimo en la reunión de presidentes de bloque del martes 15. Según el radical, en ningún momento se leyó ese panfleto que daba los nombres de los senadores involucrados en la maniobra y que fue difundido por la prensa el último fin de semana.

Alasino considera que si ese panfleto no se leyó en esa reunión, los participantes de ese encuentro lo tendrían que haber desmentido cuando surgió la información, porque, según el entrerriano, a partir de allí se generó un efecto ´bola de nieve´.

A todo esto, el ex presidente Carlos Menem expresó su acuerdo con investigar la denuncia contra los senadores por presuntos sobornos para aprobar la reforma laboral, pero prefirió que se recurra a los mecanismos de la Constitución Nacional al evaluar que ahí “está la solución a este tema”.

A su vez, el presidente provisional del Senado, José Genoud, reafirmaba su postura de que se declare “un amplio consenso político” para dar por terminado el mandato de los senadores nacionales, convocando a elecciones legislativas en 60 días. Idea no compartida por el titular del cuerpo, Chacho Alvarez, para quien esa propuesta es difícil de implementar”.