Los cambios principales fueron producto de los diputados frepasistas Ricardo Vago, Elsa Quiroz, Alejandro Peyrou, Rubén Giustiniani y José Luis Lanza, y los radicales Beatriz Leyba y Carlos Couriel, con el objeto _según señalaron las fuentes consultadas- de “descartelizar” la propuesta original que a su juicio beneficiaba a no más de cinco empresas.

Esas modificaciones podrían ser tratadas hoy durante una reunión conjunta de la Comisión de Obras Públicas con la de Presupuesto y Hacienda.

Uno de los principales impulsores de los cambios fue el diputado bonaerense Ricardo Vago, quien las había anticipado al presentar el ministro Gallo el plan ante los diputados. En esa oportunidad Vago fundamentó su oposición a que las obras quedaran, exclusivamente, a cargo de empresas nacionales.

Los cambios pretenden otorgar a las empresas nacionales una preferencia de precios del 10%, pero podrán participar en las licitaciones firmas extranjeras, siendo consideradas dentro de las primeras las que cuentan con mayoría de capital y de votos locales en su directorio.

Otra cuestión, planteada por varios legisladores, que fue aceptada por la mayoría, a pesar de las objeciones de los funcionarios del Ministerio de Infraestructura, es que la ley tenga un agregado en el cual se haga el listado completo de las obras a incluirse.

Asimismo, se acordó poner a cada obra un valor estimado al anunciarse las licitaciones, lo que tampoco estaba incluído, y se eliminaron los sistemas de controles vía consultorías, algo especialmente reclamado por Vago, de manera de habilitar a los profesionales independientes y reivindicar el rol del estado.

La oposición también aportó lo suyo. A través de los peronistas Hugo Toledo y Graciela Camaño, y Héctor Cavallero (PPS-Santa Fe), entre otros, se pidió que la primera etapa, de 2.000 millones de pesos, será afrontada económicamente por el estado nacional para su agilización.