Por la noche, el primer mandatario se reunió en Olivos con el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, para evaluar la crisis en la que ayer trascendió que el gobernador bonaerense impulsaría a través de los senadores de su provincia un pedido de juicio político en su contra. El cónclave fue generado por el propio ministro quien tenía la intención de poner a disposición del mandatario la renuncia, a fin de recibir de parte de De la Rúa un aval.

El encuentro se concretó pocas horas antes de que el jefe de Estado inicie una gira que lo mantendrá fuera del país durante quince días, y en el marco de una profunda crisis política que mantiene al Gobierno en estado de alerta.

Horas antes el jefe del Estado había reiterado que no había miembros del gabinete nacional cuestionados por las denuncias del presunto pago de coimas en el Senado y, por lo tanto, no están previstos cambios en el elenco ministerial.

Al mencionársele al ministro de Economía, José Luis Machinea y al titular de la SIDE, Fernando de Santibañes, De la Rúa recordó que “ambos se presentaron ante la Oficina Anticorrupción (OA), se pusieron a disposición, explicaron sus actuaciones y llevaron las cuentas ante la comisión parlamentaria, ante el juez y ante todos”.

Y respecto a la ley de reforma laboral, De la Rúa señaló que hasta que la Justicia no determine lo contrario, la misma sigue vigente, en tanto destacó que “el Gobierno abrió todas sus puertas” para facilitar la investigación sobre las presuntas coimas que habrían recibido algunos senadores para su aprobación.

Con respecto a la embestida de Ruckauf contra Flamarique, el pedido de juicio político sería canalizado por los senadores Antonio Cafiero y Jorge Villaverde, en la crucial sesión de la Cámara alta de mañana, donde se tratará el pedido de desafuero efectuado por el juez federal Carlos Liporaci contra ocho legisladores.

Según se informó , hoy el gobernador bonaerense se reunirá con su vice, Felipe Solá, los senadores Cafiero y Villaverde, el ministro de Justicia, Jorge Casanovas, el ex gobernador Eduardo Duhalde y destacados juristas y constitucionalistas, para analizar no sólo el pedido de juicio político sino también la situación institucional que se ha planteado por el escándalo de los supuestos sobornos.

Mientras tanto, el jefe de la CGT, Rodolfo Daer, anunció que esa central sindical “va a pedir la nulidad de la ley”, pues consideró que el Gobierno “tendría que tomar políticamente la decisión de dejarla en suspenso o sacarla, porque la repugnancia que está teniendo toda la opinion pública sobre la reforma laboral y los hechos que la rodearon hacen que carezca de legitimidad política”.