La decisión de debatir el jueves, en la sesión de tablas, una limitación de fueros fue adoptada en una reunión entre la mesa directiva de la Alianza, que conducen Darío Alessandro y el presidente y vicepresidente de la Cámara, el radical Rafael Pascual y el frepasista Juan Pablo Cafiero. El justicialismo había anunciado en la víspera su intención de debatir la cuestión, al presentar un pedido de sesión especial para que la Cámara baja debata la cuestión a las 8.30.

Sin embargo, la Alianza sostiene que no es necesaria una sesión especial porque será el primer tema que se abordará en la reunión plenaria del cuerpo.

El proyecto en cuestión establece que los jueces pueden avanzar en los juicios contra un diputado o funcionario, y solo deben pedir el desafuero si existe oposición de declarar ante el magistrado, o si existe una orden de arresto contra la persona imputada. En ese sentido, el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales establece que si se le imputara una comisión de delito a un legislador o funcionario sujeto a desafuero “el tribunal competente deberá seguir adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión”.

De esta manera, el dictamen deja aclarado que la inmunidad parlamentaria sólo alcanza al arresto, caso en el que entonces sí el magistrado deberá solicitar el desafuero del imputado, y no así para el desarrollo del proceso.

El desafuero de un legislador sólo podrá ser aprobado por los dos tercios de los votos en una sesión que deberá realizarse dentro de los diez días siguientes de que el juez ponga en conocimiento del Congreso la detención de un legislador.

En otro orden, las autoridades de la Alianza ratificaron que impulsarán mañana el tratamiento de un proyecto que permite a los presos por el copamiento del regimiento de La Tablada acceder a una revisión de sus condenas. El oficialismo reiteró su voluntad de debatir esa iniciativa, que está demorada desde mediados de julio por las diferencias que existieron en la Alianza, mañana. Mientras tanto, los trece detenidos condenados por el copamiento al cuartel de La Tablada, perpetrado en enero de 1989, retomaron la huelga de hambre “ante el incumplimiento del tratamiento de una ley que les posibilitaría una segunda instancia judicial”.