Los senadores postergaron el tratamiento del pedido de desafuero para once de sus miembros, luego de un acuerdo al que arribaron las dos bancadas mayoritarias, que dejaron de lado el reclamo del frepasista Pedro del Piero y los peronistas disidentes Alberto Rodríguez Saá y Daniel Varizat, quienes pretendían que los desafueros se trataran antes de la sanción de la ley antievasión.
La jornada en la Cámara alta se vivió en un clima de inusuales medidas de seguridad y polémicas por el expediente secreto remitido por el juez Carlos Liporaci. Al promediar la jornada se supo que ese expediente al que sólo tenían acceso los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no tendría evidencias contundentes sobre la posible existencia de sobornos.
Pese a la postergación, el tema de los desafueros no estuvo fuera de la sesión en sí, ya que en sus exposiciones en el recinto, los radicales Raúl Galván, Alberto Maglietti, Luis Molinari Romero, y el peronista Eduardo Menem dejaron sentado que las leyes pueden ser tratadas y votadas a pesar de que se encuentren en el recinto senadores con pedido de desafuero. Así lo hicieron en respuesta al vicepresidente Carlos Alvarez, quien había dicho horas antes que los senadores no deberían votar leyes hasta que no se resolviera el pedido de desafuero de varios de sus miembros.
Paralelamente, uno de los senadores con pedido de desafuero, el radical santiagueño Javier Meneghini, planteó una cuestión de privilegio contra el vicepresidente Alvarez por considerar que no tenía que cuestionar el voto de los senadores.
En cuanto al expediente, el mismo generó una gran polémica al conocerse que las carpetas pasaron por la Casa Rosada antes de quedar en guarda de la Cámara alta. Las sospechas las encendió la senadora por el justicialismo cordobés, Beatriz Raijer, quien dijo que el expediente había sido remitido por el juez federal Carlos Liporaci a la casa de Gobierno mientras que voceros de la bancada destacaron que estaba fechado el 1 de septiembre. Horas después, desde la Casa de Gobierno Alvarez declaró que “el expediente llegó aquí y se guardó en una caja, porque era reservado y se mandó al Senado a la Dirección de Asuntos Jurídicos como correspondía”.
“Y yo estaba a cargo de la Presidencia cuando llegó, era el viernes pasado, que el Presidente estaba en Brasil. Hemos hecho lo que correspondía con el expediente”, agregó, cuando hasta ese momento se sabía que el ingreso oficial de esas carpetas era el lunes último. Fue así que la oficina de prensa del vicepresidente tuvo que redactar un comunicado que corrigió lo dicho por Alvarez, con un detalle del itinerario del expediente que envió Liporaci y que en realidad fue remitido el lunes.
Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Jorge Yoma, dispuso que siete juegos con los dos cuerpos que componen el expediente fueran colocados en el Salón de Lectura, cuyas puertas fueron cerradas al público y vigiladas por una guardia especial de empleados de seguridad de la cámara.
Según trascendió, el senador Eduardo Menem informó a sus pares de bloque sobre la “inconsistencia” de los elementos de la causa y advirtió sobre la “desproporción” entre los datos reunidos y el pedido de una medida tan seria como el desafuero de once legisladores. Menem fue designado por sus pares de bancada para exponer sobre el tema a partir de su conocimiento del derecho, dijo una fuente del justicialismo.
Una versión similar dieron voceros cercanos a Yoma, que señalaron que el único elemento concreto con el que cuenta por ahora el magistrado es el anónimo reproducido por el periodismo.
