El Senado aprobó la emergencia económica

El Senado aprobó la ley de Emergencia Economica, una iniciativa demandada por el Gobierno en función de que le permitirá al Estado saldar sus deudas con un bono emitido a 16 años, renegociar un saneamiento financiero entre la Nación y las proivncias y reubicar al personal de la Administración Pública. Con dos tercios de los votos de los miembros presentes en el recinto, el cuerpo votó a las 22, en general y con modificaciones, el proyecto que había sido aprobado en marzo pasado por la Cámara de Diputados.

Previamente había concurrido inesperadamente el ministro de Economía, quien acudió para responder a las demandas del justicialismo. En el recinto, José Luis Machinea cuestionó la posibilidad de implementar un bono de consolidación de las deudas provinciales -denominado Plan Brady para las provincias- y advirtió que una medida de ese tipo “reduce drásticamente la capacidad de financiamiento de la Nación y por lo tanto de todos los distritos”.

El ministro justificó la implementación de la Ley en la necesidad de consolidar “los 6 mil millones de pesos de deuda no registrada que ni siquiera figura como déficit fiscal”. Entre estas deudas, el ministro hizo referencia a las previsionales, a las que, según dijo, “el Estado no puede hacer frente a pesar que siguen cayendo las sentencias judiciales”.

En relación a los contratos del Estado, Machinea dijo que la ley constituye “un instrumento para poder refinanciarlos”.

Asimismo señaló que el bono de consolidación de las deudas provinciales que reclaman los senadores justicialistas “implica aumentar en 5 mil millones de pesos la emición de bonos y ello dañará no sólo el credito del país sino también las tasas interés para las provincias”.

El ministro también aclaró que la ley “es de emergencia ecónomica y financiera” ante la propuesta de los legisladores de que se extienda a los planos laboral y social.

Otro contrapunto entre los senadores y Machinea se dio en el artículo referido la continuidad en el empleo público de empleados con funciones ejecutivas, gerenciales o equivalentes, dado que los legisladores pretenden que abarque sólo al primer nivel.

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