El PJ, por su parte, insistía para obtener una semana más para analizar el proyecto, dividiéndose sus miembros. Es que cuando el titular de la Comisión de Obras Públicas, José Recio, llamó a firmar el dictamen, el peronista Marcelo López Arias respaldó el pedido de Cristina Kirchner para postergar el debate unos días. Sin embargo, varias provincias están conformes con las obras que están proyectadas realizar en sus distritos, tal el caso de Salta y de López Arias, que insistió en asegurarse que el proyecto incluyera las partidas presupuestarias correspondientes a cada obra.

El eje del debate fue la exigencia de varios diputados justicialistas, entre ellos, Ana María Mosso (Mendoza), para que el proyecto incluyera la posibilidad de que empresas internacionales pudieran participar de las licitaciones de las obras incluídas en el primer tramo del plan.

La firma del dictamen se concretó tras una llamada telefónica desde China por parte del presidente Fernando De la Rúa, quien expresó al titular de la Comisión de Obras Públicas y del plenario, el diputado José Recio, su preocupación por la demora en la aprobación de aquél y acerca de la participación reservada a las constructoras locales, indicaron fuentes parlamentarias. Según revelaron las fuentes consultadas, además de dicha llamada, poco antes del inicio de la reunión plenaria, Recio recibió también una llamada telefónica por parte del ministro de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo, también interesado en mantener una fuerte presencia de las firmas radicadas en el país en la adjudicación de las obras.

Entre los principales cambios introducidos está el que limita la adjudicación de las obras a las empresas locales cuando las mismas no superen los 40 millones de pesos, en tanto que para las que tengan presupuestos superiores se deberá convocar a una licitación nacional e internacional en la cual las firmas extranjeras deberán ir asociadas a otras radicadas en el país.

La iniciativa, denominada “Régimen para la Promoción de la Participación Privada en el Desarrollo de Infraestructura”, que apunta a la realización de obras públicas durante los próximos años por un total de 20.500 millones de pesos, consta de trece capítulos que agrupan al conjunto de los 36 artículos que la conforman.

los efectos del control, vía el artículo 33, se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento de la aplicación del régimen establecido por esta propuesta del PEN, la que deberá estar integrada por cinco diputados nacionales y otros tantos integrantes de la Cámara de Senadores.

Entre las cláusulas transitorias se establece que las obras acordadas mediante un acta del pasado 9 de agosto entre la Nación y las provincias, “serán afrontadas económicamente por el Estado Nacional y serán prioritarias para encararse bajo el régimen de la presente ley, incluyéndose en los presupuestos plurianuales correspondientes”.

Quedan excluidas de esta norma aquellos proyectos en los que el ingreso proveniente de terceros “a través de canon de uso, peaje o similares sea superior al 60 por ciento del costo total de la obra durante el período del contrato, como así también los proyectos que consistan exclusivamente en la operación y mantenimiento de corredores viales”.

Podrá adherirse al régimen la totalidad de las jurisdicciones provinciales, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tanto que los recursos surgirán del “Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura”.

Como contratantes actuarán entes del Estado nacional o de jurisdicciones adheridas, mientras que como encargados de proyectos lo harán personas jurídicas adjudicatarias de los respectivos procesos de selección.

También en el artículo tercero se define como Fiduciario a quién lo sea del respectivo Fondo y como Contraprestación a toda retribución que deba percibir el Encargado del Proyecto como remuneración por el uso de la obra. Dicho Fondo Fiduciario tendrá una duración de 30 años más el plazo para la conclusión de las obras iniciadas dentro de los primeros diez años a partir de la constitución del mismo, y funcionará en el ámbito de los ministerios de Infraestructura y Vivienda y de Economía, conducido por un Consejo de Administración integrado por entre tres y seis miembros designados por el PEN, uno de ellos a propuesta del Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas (CIMOP).