En tal sentido se manejan varias alternativas. Una de ellas es que sus pares decidan obligarlo a renunciar a su banca, o bien extender a sus funciones como senador la licencia que días pasados tomó para la presidencia de las comisiones de Combustibles y Revisora de Cuentas.

Una licencia de 90 a 180 días sería la salida más aconsejada por el bloque peronista, que comanda José Luis Gioja (San Juan). Esto descomprimiría la presión pública que pesa sobre Cantarero y su bancada, pero le permitiría conservar los fueros en caso de que el juez Carlos Liporaci decida dictarle la prisión preventiva. El magistrado dispuso un allanamiento en la oficina del senador para el miércoles próximo y lo citó a declarar como imputado dos días después.

Sin embargo, algunos senadores del PJ, como Eduardo Arnold (Santa Cruz), prefieren una solución más extrema: directamente le pidieron que se fuera. Esto se discutirá mañana.

Está claro que la situación del “verborrágico” senador salteño se precipitó a partir de la denuncia de la neuquina Silvia Sapag, y sobre todo la renuncia a su banca por parte del radical santacruceño Juan Melgarejo. Esta situación fue matizada por la sentencia lanzada por el presidente del cuerpo, Carlos Chacho Alvarez, quien sostuvo que “a Cantarero hay que echarlo ya, esta semana”. Lo cual genera una situación de incomodidad, por cuanto los peronistas no quieren saber nada de aparecer resignando una pieza a pedido del líder frepasista.

Sin embargo, los que quieren proteger a Cantarero vieron debilitada su posición ante la renuncia de Melgarejo, por lo que tienen ahora más fuerza aquellos que se inclinan por una suspensión del legislador salteño hasta que se aclare del todo su situación judicial.