Paralelamente convirtió en ley el proyecto que prorroga hasta diciembre del 2001 la intervención a la provincia de Corrientes, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo.

En cuanto al plan de obras públicas, la iniciativa no se pudo votar porque el presidente del bloque del PJ, Humberto Roggero, pidió una semana más para estudiar las modificaciones que se han incorporado el dictamen, lo que fue aceptado por la bancada aliancista. El presidente del bloque Darío Alessandro aceptó el pedido del PJ, pero recalcó la necesidad de "respetar el compromiso y votarse sin más dilaciones la próxima semana", porque esta es una ley que "necesita la Argentina en forma impostergable".

La discusión del dictamen tuvo un trámite tenso por las versiones que circularon en el Congreso de una supuesta gestión del ministro de Economía, José Luis Machinea, de suspender el tratamiento del proyecto, lo que fue desmentido por el radical Raúl Baglini. A esto se sumaron las acusaciones de varios diputados pronunciadas a lo largo de la extensa sesión, de que esta iniciativa no contenía mecanismos transparentes para evitar una corrupción, como lo deslizaron Ana Mosso, Carlos Balter y José Díaz Bancalari.

En ese sentido, Baglini desechó las denuncias de Mosso y Balter y dijo que esta ley "tiene los controles necesarios y dista mucho de ser un sistema que facilite la corrupción".

El punto más polémico del proyecto es el mecanismo de concesión donde se establece que las licitaciones serán nacionales hasta un monto de 45 millones y luego se deberá abrir la competencia de firmas extranjeras.

Respecto a la intervención a Corrientes, el proyecto fue aprobado con el respaldo de la Alianza y partidos provinciales que obtuvieron 100 votos contra 36 que lograron sumar los justicialistas, y los diputados del Partido Nuevo, que es liderado por Raúl "Tato" Romero Feris.

La prórroga de la intervención fue solicitada por el gobierno nacional para continuar con el proceso de reordenamiento político, social y económico de la provincia, según explicó el ministro del Interior, Federico Storani.

Los diputados correntinos tuvieron posturas diferentes. El radical Horacio Colombi, el liberal Luis María Colodrero y el autonomista Ismael Cortinas votaron a favor, mientras que lo hicieron en contra el justicialista Rodolfo Martínez Llano, y los tres legisladores del Frepanu, Agustín Díaz Colodrero, José González Cabañas y Catalina Méndez.

La extensión del mandato del delegado federal será hasta diciembre del 2001 y de la misma manera se hará con el Poder Legislativo, pero esta ampliación no abarcará al Poder Judicial que será normalizado en los próximos meses.