Aprobaron en general el Plan de Infraestructura

La Cámara de Diputados aprobó en general y difirió el tratamiento en particular del proyecto de ley del Plan Federal de Infraestructura, con el cual el gobierno aspira a reactivar la construcción y crear 100.000 puestos de empleo.

La iniciativa, denominada Régimen para la Promoción de la Participación Privada en el Desarrollo de Infraestructura, fue respaldada en general por 158 diputados sobre un total de 170 presentes, en tanto su consideración en particular se realizaría en los próximos quince días. La Alianza aún no definió si la discusión de cada artículo se efectuará la próxima semana, o junto al proyecto de Ley de Presupuesto, que se debatirá a fines de noviembre, y en el que figuran las partidas que se destinarán al plan de obras.

El proyecto fue aprobado en general luego de que se agotaran los seis oradores que habían quedado la semana pasada, cuando se inició el debate del plan pero se debió pasar a un cuarto intermedio para tratar la renuncia de Carlos Alvarez a la vicepresidencia.

Tal como se había comentado en fuentes parlamentarias justicialistas en aquella oportunidad, la sanción de la iniciativa se postergaría hasta fines de noviembre próximo, cuando se prevé tratar en el recinto el Proyecto de Presupuesto para el 2001.

La cuestión es que tras la absorción de la cartera de Infraestructura por parte del Ministerio de Economía, dispuesta por el presidente Fernando de la Rúa en el marco de la reestructuración del gabinete del 5 de octubre último, el proyecto pareció quedar relegado a un segundo plano. Incluso, desde el Palacio de Hacienda se dejó trascender que el principal objetivo es obtener la aprobación del Presupuesto.

El plan ideado por el ex ministro Nicolás Gallo prevé una inversión en los próximos cinco años de 20.500 millones de pesos, y en su primera etapa habrá 2000 millones de pesos para realizar más de 70 obras viales, que fueron acordados entre la Nación y las provincias.

El dictamen contempla un nuevo mecanismo de contratación, por el que los empresarios deberán buscar el financiamiento de las obras, que serán abonadas después por la Nación y las provincias, con un pago garantizado por el Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura.

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