El proyecto de emergencia económica votado por los diputados habilita al gobierno a pagar sus deudas con bonos a 16 años, a revisar los contratos de obras, de consultoría o de servicios, lo cual deja abierta la puerta para revisar las privatizaciones. El Poder Ejecutivo requería la sanción urgente de estos proyectos, como una pieza clave para poner en caja el déficit fiscal, renegociar contratos del Estado, suspender juicios, consolidar deudas previsionales y propiciar una reestructuración del empleo público.

La sanción de la emergencia económica le permitirá al gobierno de Fernando de la Rúa suspender la ejecución de las sentencias de los juicios perdidos por el Estado y consolidar deudas previsionales mediante la emisión de bonos públicos. Pero, además, la iniciativa contempla la posibilidad de revisar todas las privatizaciones que al momento de ponerse en vigencia la ley no cuenten con un marco regulatorio sancionado por el Congreso.

La aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo hace más de seis meses, estuvo a punto de fracasar por el duelo verbal que el presidente del bloque justicialista, Humberto Roggero (Córdoba), mantuvo con el vicepresidente de la cámara, Juan Pablo Cafiero (Frepaso-Buenos Aires), en torno a la legalidad de otorgarle a la cuestionada diputada Norma Godoy (PJ-Buenos Aires) una licencia con goce de sueldo.

La ley aprobada por Diputados salió sin el polémico capítulo V incluído por los senadores justicialistas, que habilitaba la emisión de un bono público para consolidación de deudas provinciales y municipales por unos cinco mil millones de pesos.

Con una mayoría de dos tercios, el oficialismo logró eliminar también el artículo que excluía de la consolidación de deudas con bonos al pago de los dividendos correspondientes a los Programas de Propiedad Participada (PPP) que reclaman varios miles de ex trabajadores de empresas públicas privatizadas.

Fue determinante en este caso un informe de la Procuración General del Tesoro, citado por el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Raúl Baglini (UCR-Mendoza), en el que se destaca que tan sólo para el caso de los ex trabajadores de YPF la deuda alcanza a los 650 millones de pesos.

Paralelamente también convirtió en ley el paquete de medidas antievasión elaborado por el Poder Ejecutivo que limita a 10.000 pesos la transacciones en efectivo y crea el cheque cancelatorio. La norma establece la aplicación de sistemas electrónicos para el control de la producción primaria, en especial la que está relacionada con la venta de ganado y la faena de carnes, aunque también alcanza a la industria molinera.

En otra disposición destinada a evitar la evasión impositiva, la norma limita a 10.000 las operaciones que se podrán cancelar en efectivo.

A partir de esa cifra deberán cancelarse las obligaciones mediante cualquier instrumento bancario de curso legal, como tarjetas de crédito, cheque, transferencias o cheque cancelatorio. Esta disposición apunta a dejar asentadas las operaciones que superen los 10 mil pesos mediante la utilización de un instrumento bancario.

El proyecto aprobado por la Alianza ratifica por ley varias de las disposiciones incluídas por el Poder Ejecutivo en el decreto 430/00 que estableció severos ajustes en la administración pública.