Por otra parte, el bloque de senadores justicialistas analiza la posibilidad de elaborar un proyecto de declaración en el que se exprese la inocencia de sus miembros en las diferentes causas judiciales que los involucran.

Entre los políticos cuyas declaraciones juradas y números de cuentas bancarias serán enviados al fiscal figuran el actual presidente, Fernando de la Rúa, y los gobernadores peronistas Carlos Reutemann (Santa Fe), José Manuel de la Sota (Córdoba), Juan Carlos Romero (Salta), Julio Miranda (Tucumán), Carlos Juarez (Santiago del Estero) y Carlos Manfredotti (Tierra del Fuego). Además, están incuidas la actual Ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide; el gobernador de San Juan, Alfredo Avelín (Alianza); y la esposa del gobernador de Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner (PJ).

La medida no involucra a quienes fueron titulares del cuerpo, Carlos Ruckauf y Carlos "Chacho" Alvarez, ya que no ejercieron el cargo de senador sino de titulares naturales del cuerpo por su cargo de Vicepresidente. No obstante, la obligatoriedad para los senadores de presentar sus declaraciones juradas recién se estableció en 1996, con lo cual se da la posibilidad de que no exista ese tipo de documentación en los casos de quienes fueron legisladores antes de esa fecha.

La investigación incluye además la presunta malversación de caudales públicos y tuvo su origen en una denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans por "notorias diferencias sobre los fondos reservados que consignan las declaraciones juradas de Alasino y Cantarero".

El julio de 1992 el Senado estableció por decreto una suma de 150 pesos por legislador en carácter de "erogaciones reservadas que se asignan mensualmente a los bloques parlamentarios para asegurar el normal desarrollo de sus funciones".

Las declaraciones juradas de los senadores anteriores al año 1998 pueden no estar registradas debido a que en ese momento no había sido sancionada la Ley de Etica Pública (25.188) que fijo como obligatorio dicho procedimiento.

En cuanto a la manifestación de inocencia que quiere expresar el justicialismo, esa decisión se adoptó en el marco de la reunión celebrada en el Consejo Nacional Justicialista. Allí se llegó a la convicción de que "si el Gobierno no fue, si el bloque radical no fue, ¡por qué vamos a tener que pagar nosotros el costo político?". En este contexto, los legisladores resolvieron postergar para más adelante el tratamiento en el recinto de las renuncias presentadas por el radical Juan Melgarejo y el justicialista Jorge Massat.

Según confiaron fuentes del bloque, los senadores decidieron además postergar hasta fines del mes próximo la ratificación de la mesa de conducción.

La idea de los senadores es concentrar en una sola negociación los cargos de la mesa de conducción, las presidencias de las comisiones que les corresponden al PJ y las nuevas autoridades de la cámara.

El bloque peronista volverá a reunirse el martes próximo en la ciudad de San Miguel de Tucumán para debatir la estrategia a seguir ante el inminente tratamiento de los proyectos de presupuesto, el plan de infraestructura y la reforma política propuesta por el oficialismo. Los integrantes de la bancada viajarán a Tucumán en el marco de un encuentro convocado por el gobernador Julio Miranda al que asistirán el resto de los mandatarios peronistas y el titular del Consejo Nacional partidario, Carlos Menem.