El PJ quiere rechazar el envío de declaraciones juradas
El bloque de senadores justicialistas hizo fracasar la sesión prevista para ayer al supeditar el tratamiento del paquete de medidas impositivas a la aprobación de un proyecto de resolución que declaraba "improcedente" el pedido del fiscal Paul Starc de las declaraciones juradas y el detalle de cuentas bancarias de los legisladores.
De todas maneras, este trámite será realizado de todas maneras hoy a las 11, según lo confirmó el titular del bloque radical, Jorge Agúndez, en un acto que encabezará el secretario administrativo del cuerpo, José Canatta, y que contará con la presencia del escribano general de la Nación.
La sesión de ayer, en la que se iba a continuar con el análisis de la acción de amparo y se tenía pensado aprobar el proyecto de rebajas impositivas que sancionó hace un mes la Cámara de Diputados, fracasó ante la falta de acuerdo de los bloques mayoritarios.
El justicialismo, argumentando una cuestión de forma, se niega a que el secretario Administrativo entregue al fiscal Paulo Starc las declaraciones juradas de los senadores que ocuparon bancas desde agosto de 1992 hasta la fecha en una causa por enriquecimiento ilícito. Los senadores del PJ presentaron un proyecto de declaración para que sea el plenario del cuerpo el que decida la concreción de ese trámite y no un funcionario.
Como consecuencia del debate de este tema, que comenzó a las 13 y concluyó pasadas las 21, el bloque PJ no participó de las reuniones de Labor Parlamentaria -para fijar el temario de la sesión- y, consecuentemente, de la propia reunión de tablas.
Igualmente, el radicalismo, a instancias del presidente de la Cámara, Mario Losada, y ante el panorama que surgía desde la bancada mayoritaria decidió directamente no convocar a sesionar. Al promediar la tarde, el peronismo no encontró eco en sus pares del radicalismo y se decidió no sesionar, impidiendo de esta manera el tratamiento de las leyes pendientes y el posible análisis de las renuncias de los senadores Jorge Massat y Emilio Cantarero.
El argumento utilizado por el justicialismo es que la ley de inmunidades parlamentarias sostiene que la habilitación de esa información debe ser aprobada por el pleno del cuerpo, y citaban como ejemplo el pedido de allanamiento al despacho de Emilio Cantarero (PJ-Salta) que debió realizar el juez Carlos Liporaci. Sin embargo, Agúndez negó esa hipótesis: "la ley no dice eso y, además, el anterior pedido de declaraciones juradas de bienes fue respondido por el secretario parlamentario", en ese entonces el frepasista Ricardo Mitre.
Se refirió así al primer pedido del fiscal, que alcanzó a los senadores peronistas Augusto Alasino (Entre Ríos), Emilio Cantarero (Salta) y Jorge Massat (Santa Fe), con quienes inició la investigación.
Lo cierto es que la propuesta justicialista dejó en vía muerta las intenciones del radicalismo de llevar al recinto y convertir en ley el paquete impositivo, que fue aprobado la semana pasada por la cámara baja y que el Gobierno reclama en el marco de su estrategia de reactivar la economía y las inversiones.
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