La Cámara de Diputados avanzó ayer con la sanción en particular de 18 artículos del Plan Federal de Infraestructura, aunque el debate se trabó cuando se discutía al artículo que establece los mecanismos de llamado a licitación de las obras previstas.
Los diputados reunieron el quórum necesario para realizar la sesión, pese a que existían versiones de que no iba a realizarse la misma, pero no pudieron concluir con la media sanción del proyecto.
La posición irreconciliable demostrada por la Alianza y el PJ obligó a pasar a un cuarto intermedio para el 19 de noviembre próximo, plazo durante el cual se realizarán negociaciones para arribar a un acuerdo que permita destrabar la aprobación de la iniciativa, de la que restan debatir siete artículos.
El polémico artículo es el que establece que en las licitaciones para adjudicar obras públicas de hasta 45 millones de pesos sólo podrán participar empresas de capitales nacionales, mientras que queda a criterio del Poder Ejecutivo realizar una convocatoria internacional cuando se superen ese monto.
Este punto es defendido por la Alianza con el argumento de que de esa manera se reactivará la industria de la construcción, pero desde el PJ se rechaza este criterio por considerar que la posibilidad de abrir las licitaciones a la participación de empresas extranjeras podría abaratar los costos de las obras, debido a que obtienen tasas de financiación más bajas.
Cuando el debate ya se encontraba definitivamente empantanado, el titular de la Comisión de Obras Públicas, José Recio (UCR-Buenos Aires), pidió pasar la sesión a cuarto intermedio para el 19 de noviembre próximo y tormarse ese plazo para buscar un consenso con el justicialismo.
El frepasista Ricardo Vago aseguró que la Alianza introdujo sustanciales modificaciones al proyecto "para permitir y alentar que haya muchas ofertas" y que tengan una "gran participación las pymes, que podran formar las UTE".
El mecanismo de licitación es uno de los punto más importantes de la ley, que prevé un mecanismo diferente para realizar obras, ya que a diferencia del sistema tradicional, las empresas cobran al finalizar la construcción del emprendimiento. El pago de estas obras será garantizado por el Fondo de Desarrollo Regional que administrará el gobierno junto a un representante de las provincias, y que estará conformado con bienes del Estado Nacional.
