El pacto, que fue firmado por 22 de los 23 gobernadores -no lo hizo el santacruceño Néstor Kirchner- y por el jefe de Gobierno porteño, tuvo un acelerado tratamiento debido a que el acuerdo cuenta con el visto bueno del justicialismo y de la Alianza.

Al fundamentar la iniciativa en nombre del oficialismo, el radical por Chubut Juan Carlos Altuna dijo que "la situación delicada de las cuentas públicas obligó a consensuar a las provincias y al gobierno nacional", al tiempo que definió al compromiso como "un acierto para la gobernabilidad y el crecimiento". El legislador sostuvo que "hay un compromiso de las provincias a esta situación económica y financiera para lograr un crecimiento sostenido, lo que constituye una base importante para la gobernabilidad, y que tiende a que redunde en bienestar para la población".

El titular del bloque justicialistas, José Luis Gioja, advirtió por su parte, que "cada vez que las provincias firmaron un pacto fiscal resultaron perjudicadas" y negó que las provincias "sean las responsables de esta situación de crisis".

"Hace menos de un año firmamos un pacto, pero en circunstancias diferentes porque era un país esperanzado por un gobierno que recién asumia -señaló-. Ahora, un año después, se nos pide ayuda para un país que está al borde del precipicio, con la gente desbordada y viendo que falta un responsable político", agregó.

El legislador sanjuanino lamentó "la tentación del gobierno de descargar y de culpar por esta situación a los demás".

"Al principio de su gesión, el gobierno atribuía la crisis a herencia recibida y al gran déficit fiscal -7 mil milones-, pero hoy ese déficit no parece ser tanto, porque es el que arroja este ejercicio y el presupuestado para el año próximo", explicó.

A través del Pacto Fiscal las provincias se comprometen al congelamiento de sus gastos primarios hasta el año 2005, pero sin incluir los gastos que origine el otorgamiento de créditos provenientes de organismos financieros internacionales. El entendimiento incluye una cláusula que permite realizar modificaciones "ante situaciones graves que impliquen una interrupción de los servicios de educación, salud o alteraciones excepcionales en la seguridad pública".

El Pacto garantiza a las provincias una suma fija mensual por coparticipación federal de 1.364 millones de pesos durante los años 2001 y 2002.

En el 2003, 2004 y 2005 los montos serán el promedio de lo recaudado coparticipable en los tres años anteriores a cada uno, garantizando la Nación un piso mínimo mensual que alcanzará a 1.400 millones en el 2003, 1.440 En el 2004 y 1.480 en el 2005.

Se establece también que se transfiere a las provincias un fondo de 225 millones de pesos para programas de empleo (80 por ciento) y desarrollo social (20 por ciento) en el 2001. En este caso, para los años posteriores, se otorga a las provincias la administración del 30 por ciento de lo previsto en el 2001 para los programas de empleo transitorio o equivalentes del Ministerio de Trabajo, y de los programas alimentarios del Ministerio de Desarrollo Social.

En otro ítem, las provincias se comprometen a unificar sus registros de beneficiarios de programas sociales con los nacionales y municipales, y a respetar "criterios objetivos" para la asignación de los recursos, sobre los cuales la Nación tendrá el control y la auditoría.