La discusión de este punto, que formaba parte de la iniciativa de Presupuesto impulsada por el Ejecutivo, generó divisiones hacia adentro de la propia Alianza y, luego de una discusión de más de dos horas que incluyó a decenas de oradores, cosechó el rechazo de 108 legisladores, el apoyo de otros 97 y dos abstenciones.

Las centrales sindicales celebraron el traspié oficial, felicitando a los diputados que rechazaron el artículo 58.

En el marco del debate, los diputados aliancistas que salieron a defender la propuesta del Poder Ejecutivo aunque con mínimas modificaciones fueron Beatriz Nofal, Marcelo Stubrin y Juan Carlos Passo, mientras que el resto de las posturas expresadas en la discusión de este punto quedó acaparado por el rechazo.

En este sentido, Alfredo Atanasof (PJ-Buenos Aires) aseguró que el artículo 58 incluido en la iniciativa oficial es "socialmente injusto, políticamente desacertado y no garantiza la estabilidad del empleo público" y destacó que la modernización del Estado "no tiene que ser más de lo mismo".

Por su parte, la aliancista crítica Alicia Castro se sumó a quienes pidieron la eliminación de este artículo del proyecto, al señalar que constituía una medida del Poder Ejecutivo "contrabandeada en el Presupuesto" y que el solo hecho de mencionar la palabra `modernización` generaba "escalofríos".

El factor común de las posturas marcadas por los legisladores que se opusieron a la medida estuvo dada por el rechazo a que la reformulación de la organización de los organismos de la administración pública fuera realizada a través de un punto del Presupuesto y no por una ley específica del Congreso.

En este marco, la justicialista Graciela Camaño aseguró que, en el punto 58, el Ejecutivo pretendía "concentrar en una sola persona" las facultades para disponer de la modernización del Estado -en alusión al Jefe de Gabinete, Chrystian Colombo- y, de ese modo, "pasar por encima de las facultades del Congreso".

Contrariamente, la aliancista Beatriz Nofal fue portavoz del bloque en la defensa de la propuesta, aunque sugirió un cambio que habilitaba a los organismos que consiguieran un ahorro en la modernización a utilizar el 70 por ciento de ese monto que le habilitaba el Ejecutivo para incentivos salariales. "La modernización del Estado es central y neurálgica para la estrategia de crecimiento con equidad, además de una condición necesaria para enfrentar los desafíos de la globalización", aseveró la diputada, quien destacó el hecho de que la propuesta oficial incluyera un "sistema de incentivos y penalidades".

En tanto, la frepasista Marcela Bordenave señaló que "todos" están de acuerdo con la necesidad de "modernización del Estado", aunque juzgó que "no es a través de esta metodología" el modo en que se debería encarar ese proceso y planteó que sería "más justo y democrático" debatir en el Congreso un proyecto en ese sentido. También, el frepasista Rubén Giustiniani expresó durante su exposición su rechazo a este punto propuesto por el Ejecutivo: "Una verdadera reforma del Estado debe realizarse desde una perspectiva totalmente diferente al Presupuesto Nacional, y no debe encararse desde un Presupuesto", aseveró.

Otro de los que defendieron la propuesta oficial fue el radical Passo, quien sostuvo que, con esta medida, el Ejecutivo pretendía "reafirmar la pauta de reordenamiento del Estado sin segundas intenciones" y que, de ningún modo, el presidente Fernando de la Rúa pretendía "echar trabajadores".

Según lo estabecía este polémico artículo, en la definición del Presupuesto correspondiente al 2001, los organismos que no hubieran comenzado a ejecutar el proceso de modernización antes del 30 de junio del año próximo hubiesen sufrido "una reducción de, como mínimo, 10 por ciento en sus gastos de funcionamiento".

Además, determinaba que los organismos de seguridad, el PAMI, el Instituto Nacional de Previsión para Jubilados y Pensionados, la Administración Nacional de Seguridad Social y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debían presentar sus propuestas de reforma antes del 30 de abril próximo.

Varias centrales sindicales manifestaron hoy su "satisfacción" por la negativa de los diputados a aprobar el artículo 58 del Presupuesto 2001, que facultaba al Gobierno a suprimir o fusionar organismos de la administración pública sin la aprobación del Congreso.

Por un lado, la CGT disidente que conduce Hugo Moyano felicitó a los legisladores que votaron por la negativa a esa cláusula, aunque advirtió que "esa actitud solo atenúa los efectos recesivos y regresivos del Presupuesto" del año próximo. Los sindicalistas consideraron además que el proyecto gubernamental "está hecho a medida de lo que el reciente documento de obispos denominó tiranía de los mercados, que va a afectar y profundizar el hambre y la desocupación" en el país.

En tanto, que el Frente de Gremios Estatales manifestó su "agradecimiento" a los diputados que votaron en contra de la iniciativa oficial, que "traería aparejada la desaparición de miles de puestos de trabajo y la capacidad operativa" del sector público.

Para los estatales, "una verdadera reforma del Estado se realiza eficientizando el empleo y no destruyéndolo, y priviligiando la carrera administrativa y no el clientelismo.