El acuerdo Nación-Provincias quedó aprobado en una corta sesión en la que en algún momento se barajó la posibilidad de tratar otros temas polémicos que finalmente quedaron postergados, como la posibilidad de otorgar una instancia de revisión a los condenados por el copamiento del regimiento de La Tablada. El pacto fue aprobado por una amplia mayoría de 144 votos a favor y sólo 17 en contra, completando así el trámite parlamentario del acuerdo que el Gobierno selló, esencialmente, con los gobernadores justicialistas.

El debate fue muy chato, sólo interrumpido por la voz crítica de la santacruceña Cristina Fernández (PJ), que plasmó así en el recinto de la cámara baja la oposición de su provincia, gobernada por su marido, Néstor Kirchner, al compromiso fiscal firmado en los primeros días de noviembre. "Con los pactos anteriores transferíamos recursos. Ahora, además, las provincias transferimos autonomía y decisión política a la Nación", fustigó Kirchner desde su banca.

A su rechazo al acuerdo se sumaron un grupo de legisladores del Frepaso disidentes con la administración de Fernando de la Rúa, los socialistas democráticos y algunos legisladores provinciales. Por lo demás, desde el radicalismo se defendieron las bondades del acuerdo, como lo hizo el bonaerense José Luis Dumón al arrancar la sesión.

Dumón destacó que por el compromiso de no aumentar sus gastos las provincias recibirán un aporte extra de 225 millones de pesos para planes sociales, tras lo cual elogió la capacidad del Gobierno Nacional para manejar la crisis. Desde el justicialismo, Oscar Lamberto justificó el voto del PJ en el acuerdo firmado por los gobernadores, aunque manifestó su pesimismo respecto de las provincias "puedan cumplir los cinco años" y abogó para que "en este plazo se apruebe una nueva Ley de Coparticipación Federal"

"Una de las críticas que hacían en el pasado, es que se afirmaba que se condenaba a las provincias a vivir con sueldo, ahora no sólo tiene un salario, sino que se les dice como tienen que proceder a gastarlos", apuntó.

Por su parte, el demócrata de Mendoza Carlos Balter explicó el respaldo "en general" del Interbloque Federal como forma de "colaborar con el gobierno", pero objetó que las provincias "tengan que volver a hacer un esfuerzo en favor de la Nación".

A su vez, el cavallista Jorge Baldrich consideró que la nueva ley es positiva en el sentido que representa "un atisbo inicial de políticas conjuntas de los gobiernos nacionales y provinciales", aunque advirtió que "hay números interrogantes" y reclamó una "Ley de Coparticipación que fije bases sólidas". Además de consagrar partidas a las provincias y la promesa de éstas de mantener conducta fiscal hasta el año 2005, el acuerdo establece el nivel de recursos que la Nación deberá girar a esos estados durante los próximos tres años.

Así, para el 2001 las provincias recibirán 1364 millones de pesos, que se elevarán a 1400 en el 2002 para continuar incrementándose en 80 millones en los años sucesivos hasta el 2005.

En un principio, la aspiración del oficialismo era concluir esta semana la sanción de esa ley y la del presupuesto, pero los presidentes de bloques acordaron posponer el tratamiento del presupuesto hasta el próximo martes, a fin de evaluar las modificaciones que introdujeron los senadores. En ese sentido, el presidente del bloque aliancista, Darío Alessandro, aseguró a los periodistas que se necesita "tiempo para estudiar los cambios que han realizado los senadores", pero resaltó que "ya está votada en una de las herramientas necesarias para el blindaje".

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que ratifica el Pacto Fiscal firmado hace 20 días entre la Nación y las provincias, con el voto de 144 diputados y el rechazo de 17 legisladores.