La Legislatura bonaerense aprobó la ley que le permite a los empleados de la administración pública central y los municipios jubilarse a los 55 años en lugar de los 60 que marca la actual legislación.
Asimismo, la Cámara baja dio media sanción a la ley que regula la instalación de hipermercados, en una jornada en la que ambas cámaras de la provincia de Buenos Aires se destacaron por su prolífica actividad.
La norma que regula los hipermercados fue aprobada en Diputados y Senadores, y establece que la medida será de carácter excepcional y voluntaria, a excepción de los empleados de la planta permanente de la legislatura los que estarán obligados a jubilarse si tienen 55 años y 30 de servicio. Faculta además a los concejos deliberantes a transformar en obligatoria la jubilación anticipada a través de ordenanzas, tal como lo habían solicitado la mayoría de los intendentes radicales de la provincia.
Establece también que en el caso de los agentes municipales que tengan 55 años y 25 de servicio, podrán acogerse a los beneficios jubilatorios siempre que el municipio se comprometa a aportar los cinco años restantes.
Según explicó en el recinto el senador Raúl Lamachia, el objetivo de esta prohibición temporaria "es que no se produzca un vacío legal hasta que se sancione la ley de fondo que regule la actividad de estos comercios".
La intención de la ley, cuya autoría pertenece al gobierno provincial y fue modificada por la Legislatura "es resolver la situación de los agentes que habiendo desarrollado un vasta carrera administrativa dentro de cualquier repartición provincial o municipal, mantienen su cargo a la espera del cumplimiento de los plazos para acogerse a la jubilación, limitando la movilidad en el empleo público". El proyecto generó una fuerte oposición de la cadena estadounidense Wal Mart, que tiene previsto realizar inversiones en la provincia, y considera que la futura norma la deja en desventaja frente a su competidora francesa Carrefour que domina gran parte del mercado bonaerense.
También fue aprobada por la Legislatura bonaerense la ley que le permite a los empleados de la administración pública central y los municipios jubilarse a los 55 años en lugar de los 60 que marca la actual legislación. La norma, que fue aprobada en Diputados y Senadores, establece que la medida será de carácter excepcional y voluntaria, a excepción de los empleados de la planta permanente de la legislatura los que estarán obligados a jubilarse si tienen 55 años y 30 de servicio.
Faculta además a los Concejos Deliberantes a transformar en obligatoria la jubilación anticipada a través de ordenanzas, tal como lo habían solicitado la mayoría de los intendentes radicales de la provincia. Establece también que en el caso de los agentes municipales que tengan 55 años y 25 de servicio, podrán acogerse a los beneficios jubilatorios siempre que el municipio se comprometa a aportar los cinco años restantes.
La intención de la ley, cuya autoría pertenece al gobierno provincial y fue modificada por la Legislatura "es resolver la situación de los agentes que habiendo desarrollado un vasta carrera administrativa dentro de cualquier repartición provincial o municipal, mantienen su cargo a la espera del cumplimiento de los plazos para acogerse a la jubilación, limitando la movilidad en el empleo público".
En otro orden, el Senado bonaerense aprobó por unanimidad el proyecto de ley de Titularización Automática de Docentes, y será convertida en ley antes de fin de año, informaron voceros legislativos. El proyecto pertenece al diputado Horacio Piemonte y ya había recibido media sanción por unanimidad en la Cámara baja en agosto pasado y luego de recibir modificaciones en el Senado, se espera su aprobación por parte de los diputados, antes de fin de año.
"La aprobación de la titularización de docentes repara 8 años de injusticias y omisiones oficiales", dijo durante la sesión la senadora Susana Moledo, secretaria de la Comisión de Educación del Senado.
Asimismo el Senado bonaerense aprobó por unanimidad y convirtió en ley un proyecto de "violencia familiar" que establece la exclusión de la vivienda del responsable de las agresiones.
La propuesta, que ya contaba con la aprobación de la Cámara baja, fue debatida en el Senado provincial que decidió adelantar en 24 horas la sesión que, en principio, debía realizarse ayer.Con la aprobación de la Cámara alta provincial quedó sancionada la Ley que establece que existe "violencia familiar" cuando existe "acción, omisión y abuso que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito".
