Los senadores quieren datos de los militares cuestionados
La Comisión de Acuerdos del Senado recibió en la víspera a la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti y a miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes informaron sobre la situación de los siete militares cuyos pliegos de ascensos son cuestionados por la supuesta participación en represión ilegal durante la última dictadura militar.
Los senadores le reprocharon a Conti no haber enviado mayores datos y una evaluación más precisa sobre las circunstancias en las que fueron implicados siete oficiales del Ejército propuestos para ascender.
La Comisión de Acuerdos es la encargada de evaluar los ascensos de los militares, y en caso de que no lo haga la próxima semana, lo podría hacer recién a partir de marzo, cuando se inicie el nuevo período ordinario de sesiones. De la reunión participaron los senadores Horacio Zalazar -presidente-, Omar Vaquir, Jorge Agundez y Jorge Villaverde, entre otros, quienes hoy recibirán a los representantes de Derechos Humanos Alfredo Bravo y Adolfo Gass.
Es muy difícil que esta comisión del Senado pueda expedirse antes de la sesión del próximo miércoles, aunque el titular de la bancada radical expresó que "se harán los esfuerzos para tratar de llegar a tiempo".
"Estamos trabajando con la idea de poder tratar los ascensos en la sesión del próximo miércoles 20 de diciembre", dijo el titular de la bancada radical, Jorge Agundez. No obstante, los justicialistas Zalazar y Omar Vaquir señalaron que el tratamiento "depende del ritmo de evaluación de los antecedentes" remitidos por la Subsecretaria, el CELS y la APDH.
Más allá de la opinión del ministro de Justicia, Ricardo López Murphy, anticipando que se hace cargo de los ascensos, algunos de los integrantes de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ya expresaron su malestar por los eventuales ascensos. Mediante una nota dirigida al senador Zalazar, los legisladores expresan que "en caso de que no se agoten las instancias tendientes a esclarecer fehacientemente los antecendentes de los militares aludidos, recurriremos a todos los medios institucionales como así también a la acción pública pertinente a fin de oponernos a la eventual promoción de dicho personal". Firman la nota, el propio Alfredo Bravo, Marcelo Bordenave, Juan Pablo Cafiero (Frepaso), Pedro Calvo (UCR), Silvia Martínez y Marta Ortega (PJ), entre otros.
En la lista de ascensos que el Ejercito envió la semana pasada al Senado figuran los nombres de siete oficiales (seis tenientes coroneles y un coronel) sospechados de haber participado en la represión ilegal de la última dictadura.
Según un informe de la Subsecretaria de Derechos Humanos esos oficiales aparecen en los legados de la Conadep por estar presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Los tenientes coroneles objetados son Oscar Alfonso Vaquero, Virgilio Alberto Moschino, Nicolás Morel Quirno, Adolfo Stel, Alfredo Berner y Norberto Benavídez, además del coronel Luis Alberto Pozzi.
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