Cuando sólo queda una posibilidad para la aprobación de leyes en las sesiones extraordinarias en el Parlamento, senadores radicales acusaron a sus pares justicialistas de empantanar el Plan Federal de Infraestructura para buscar un canje de leyes.
La propuesta del "dame que te doy", según afirman los legisladores oficialistas, surgió en la Cámara alta sobre la media sanción que debe dar al proyecto de ley del Plan de Infraestructura, que condicionan a una renuncia del Poder Ejecutivo a vetar modificaciones introducidas por el Congreso a la ley de Presupuesto para el 2001. La proyectada ley de Infraestructura obtuvo media sanción de diputados luego de meses de debate en los que se vivió la presión de parte de la Cámara Argentina de la Construcción y de la Asociación de Bancos de Argentina.
El senador oficialista José María García Arecha, acusó a los senadores justicialistas de "extorsionar" al Gobierno con la aprobación del Plan Nacional de Infraestructura "a costa de paralizar obras, puestos de trabajo y crecimiento". En declaraciones radiales el legislador manifestó que "el justicialismo reitera propuestas y actitudes que la mayoría de la gente rechaza".
"Los senadores (del PJ) dicen que el Plan de Infraestructura es bueno, reconocen que todas las obras que contempla están acordadas con los gobernadores y significan solución a problemas concretos en las provincias, y a su vez su comienzo es una señal práctica para combatir la recesión y el desempleo", comentó.
En ese sentido se preguntó "¿como es posible que después de decir estas cosas pueden condicionar su voto a que le den otras cosas?".
"El haber votado el presupuesto no es ningún favor, el Gobierno lo había mandado a fines de setiembre y que haya sido votado para finales de diciembre es haber cumplido nuestra obligación", cuestionó García Arecha.
Sin embargo, más allá de las manifestaciones de los legisladores del PJ han avanzado en su dictamen de comisión en aspectos que resultan redundantes, como en el caso de declarar como nacionales a las constructoras de capital extranjero con domicilio legal en el país.
Al pretender ampliar los derechos de empresas como Dycasa, Impregilio y Sade, los peronistas avanzaron en una cuestión que ya está comprendida en la media sanción de la Cámara de Diputados, al calificar al conjunto de las firmas con antecedentes en el país como locales y adjudicarles el total de las preferencias para la construcción de obras de hasta 45 millones de pesos.
Del mismo modo, además de otras modificaciones, los senadores del PJ han incluído una cláusula por la cual la designación de los miembros del Consejo de Administración de los fondos del programa deberá hacerse con acuerdo del Senado, de manera de tornarlos inamovibles, cosa que resulta cuestionable aún por diputados de la misma filiación política.
Darío Alessandro pidió a los senadores justicialistas que "sean menos imaginativos y se sienten a votar la ley de Infraestructura", y adelantó que tales cambios difícilmente pasen por la Cámara baja.
Los cambios impulsados por los senadores justicialistas fueron consecuencia de las conversaciones mantenidas con la CAC y ABA, pero sin dejar de elogiar la cuestión de fondo que derivó en el proyecto aprobado por los diputados.
A su vez, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, calificó como "incomprensible y autoritario" el pedido del titular del bloque de la UCR, Horacio Pernasetti, quien reclamó que la ley de Infraestructura se promulgue por medio de un decreto de necesidad y urgencia.
Camaño recordó que la Alianza "antes de ser gobierno reclamaba que los decretos de necesidad y urgencia se utilizara para casos excepcionales pero ahora parece que se olvidaron de lo que dijeron".
"Se deben respetar los tiempos del Congreso", remarcó el legislador bonaerense y dijo que el pedido de Pernasetti "es incomprensible porque proviene de una persona que ha sido electo por el pueblo de Catamarca para legislar en el Congreso. Y es también autoritario porque viola el principio de divisiones de poderes que rige en toda democracia".
