El presidente Fernando de la Rúa tomará esa decisión entre "hoy o mañana", había adelantado por la mañana el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, en tanto que por la tarde el jefe de Gabiente, Chrystian Colombo, confirmó que la firma de todos los decretos previstos quedaron para hoy. El titular de la cartera de Justicia confirmó que la conmutación de penas es "la alternativa más probable" desde que la Corte Suprema rechazó el pedido de revisión de las condenas de los detenidos.

Durante toda la jornada de la víspera se sucedieron reuniones en la casa de Gobierno para terminar de consensuar los distintos proyectos de decretos que existían en el ministerio de Justicia y de Interior, para lo que se analiza la situación de cada uno de los detenidos. Es que para el dictado del decreto el Poder Ejecutivo tendrá en cuenta cada caso en particular, ya que las condenas que cumplen varían según el grado de responsabilidad en los hechos.

De esta manera, el gobierno se puso a trabajar ayer sobre el texto de la norma, luego de que ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que viene reclamando desde 1997 una solución- felicitara al Ejecutivo argentino por sus esfuerzos y avalara la posibilidad de que se dicte una "medida excepcional" como es el decreto.

Sobre la reducción de penas para cada uno de los detenidos, el ministro de Justicia aclaró ayer que "es el Presidente el que decide" cuál será el monto.

Por su parte, el viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga, dijo que el jefe de Estado "no está dispuesto a quedar en una encerrona política, con mucha especulación en algunos poderes del Estado", al mencionar la resistencia del Congreso y la Justicia a darle una salida al tema.

"Fue un error legislativo. No era diputado (al momento de su sanción) pero lo asumo como propio porque durante meses y años hemos defendido esta ley. Creo que el proceso de juzgamiento a los atacantes del cuartel de La Tablada fue legal, ajustado a esta ley, pero tiene esta falla", afirmó el funcionario.

El pacto de San José de Costa Rica, que rige en la Argentina desde 1984 y fue incorporado a la Constitución Nacional en 1994, establece la necesidad de una segunda instancia de apelación o revisión judicial. Cruchaga aseveró, en declaraciones a la radio FM La Isla, que el presidente Fernando De la Rúa "no está dipuesto a quedar en una encerrona política, con mucha especulación en algunos poderes del Estado", al mencionar la resistencia del Congreso y la Justicia a darle una salida al tema.