Salieron los decretos en seis temas claves
El Gobierno nacional apeló a seis decretos para implementar la desregulación de obras sociales, el proyecto de infraestructura, la conmutación de penas para los presos de La Tablada, la reforma previsional, cambios a la ley de riesgos del trabajo y promulgó el presupuesto del 2001 con vetos parciales a algunos de los artículos modificados por el Congreso.
Las medidas anunciadas responden en parte a las condiciones del blindaje financiero otorgado a la Argentina por el FMI y fueron, a la vez, motivo de debate y fricciones con el Congreso y dentro de la Alianza que integran el Frepaso y la UCR.
La reforma previsional por decreto había sido objetada insistentemente por representantes del Frepaso, y el anuncio de hoy renovó la disconformidad en esa fuerza, que deliberaba informalmente en las últimas horas. La conmutación de penas de los presos por el copamiento del regimiento de La Tablada, dio al gobierno una primera satisfacción pues los detenidos anunciaron el levantamiento de la huelga de hambre que mantenían desde hace 116 días.
El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, fue el encargado de anunciar formalmente los decretos, a pesar de que en la Sala de Conferencias de la Casa de Gobierno se aguardaba la presencia del presidente Fernando de la Rúa. Sin embargo los encargados de dar los anuncios formales fueron, además de Colombo, los ministros José Luis Machinea, Patricia Bullrich, Héctor Lombardo y Jorge De la Rúa, cuyas áreas están involucradas con las nuevas medidas.
Tanto la reforma previsional como la desregulación de las obras sociales eran dos de los requisitos fundamentales del FMI para el blindaje financiero, mientras que la conmutación de penas para los presos de La Tablada se decidió ante la negativa del Congreso de habilitar una doble instancia judicial y ante la presión de organismos internacionales para que el país cumpla con el Pacto de San José de Costa Rica.
El Plan de Infraestructura, con el que el gobierno asegura que "creará empleo", y que fue elaborado por el ex ministro Nicolás Gallo, antes de que se disolviera esa cartera, no recibió el apoyo de los senadores del PJ para su aprobación en la Cámara Alta, por lo que presidente debió acordar previamente con los gobernadores instrumentarlo vía decreto de necesidad y urgencia.
Finalmente, dado los cambios introducidos por el Congreso en el proyecto de Presupuesto 2001 enviado por el Poder Ejecutivo, De la Rúa vetó parcialmente el artículo 18, por lo que continuará en vigencia la rebaja salarial del 12 por ciento a los empleados estatales.
En cuanto a la reforma de la ley de accidentes del trabajo, era demandada por las ART y por actores del sector de seguro, más los bancos que son accionistas de las primeras.
Luego de la exposición formal, los responsables de cada uno de los ministerios cuyas áreas están relacionadas con estas nuevas medidas tuvieron la oportunidad frente a la prensa de precisar los alcances de cada una de las normas.
La primera en exponer fue la ministra de Trabajo dado que sorprendió a más de uno que la reforma previsional haya sido incluida dentro de la batería de decretos, ya que en los últimos días se mencionaba la posibilidad de esperar su tratamiento legislativo. Bullrich anunció que se decidió "no cerrar el sistema de reparto", tal como estaba previsto en un principio, y remarcó que seguirá "el sistema mixto".
Machinea, por su parte, explicó que el presidente vetó algunos artículos del Presupuesto 2001 aprobado por el Congreso porque "aumentaban el gasto público y el déficit fiscal".
Se refirió especíoficamente al área de Defensa, donde los recortes fueron duros en los últimos años y en el que ajustar sería casi imposible, frente a otras depe3ndencias estatles donde casi no hubo podas en el gasto.
A su turno, el ministro de Justicia precisó los montos de reducción de penas para los detenidos por el copamiento al regimiento de La Tablada que cumplen hoy 116 días de huelga de hambre, que fueron reducidas a 25, 22 y 20 años según los casos. Según indicó el ministro, la condena de Roberto Felicetti se redujo a 25 años, la de Claudia Acosta a 22 y las del resto de los condenados a 20 años, con lo que las primeras libertades podrían producirse en la primera mitad del 2002.
Lombardo, por su parte, detalló la reglamentación del decreto de desregulación de obras sociales, que permitirá la competencia entre los entes de salud sindicales y las empresas de medicina prepaga.
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