Los peronistas que firmaron el dictamen fueron Horacio Zalazar, Ricardo Branda, Jorge Mikelsen Loth, Remo Costanzo, Jorge Villaverde, Augusto Alasino, Carlos Verna, Julio San Millán, Angel Pardo y Carlos de la Rosa. Estas diez firmas son suficientes para que el tema pueda ser tratado en el recinto hoy o mañana, en caso de que se decida sesionar esta semana, o inmediatamente después de las elecciones como primera alternativa.

Varios de los legisladores que firmaron el dictamen están involucrados en la causa de sobornos, que el magistrado heredó del renunciante Carlos Liporaci en febrero de 2001, y que en las últimas semanas dejó en manos de su colega.

El juez Liporaci dictó en su momento la falta de mérito pero los legisladores siguen ligados a la causa porque no fueron sobreseídos en forma definitiva.

Los radicales, por su parte, no firmaron el dictamen pero no expresaron públicamente su rechazo a la iniciativa.

El titular de la Comisión de Acuerdos, el chaqueño Horacio Zalazar, rechazó la supuesta incompatibilidad de que legisladores involucrados avalen el ascenso del juez que lleva adelante la causa y dijo que "no estamos inhabilitados para ser senadores y él tampoco lo está para ser juez". Zalazar descargó responsabilidades en el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo y dijo que "tardaron tres años en enviar el pliego y lo mandaron cuando podrían haber esperado seis meses más a que se renueve el cuerpo".

Los seis radicales que integran la comisión de acuerdos evitaron firmar el ascenso de Cavallo, aunque tampoco realizaron ninguna manifestación en contra. Jorge Agúndez, Raúl Galván, Alcides López, Leopoldo Moreau, Luis León y José Genoud son quienes forman parte de la misma.

Consultados sobre el inconveniente de analizar el ascenso del juez mientras éste continúa con la causa sobre los supuestos sobornos, la mayoría de los senadores del PJ dijo que no siente ningún tipo de condicionamiento. En este sentido, los senadores remarcaron que "antes de que el pliego llegara al Senado fue analizado por el Consejo de la Magistratura y por el Poder Ejecutivo".