El intento del Gobierno nacional de modificar el sistema sindical provocó diferentes reacciones dentro de la dirigencia justicialista, que abarcó desde posiciones de apertura a una discusión hasta un total rechazo.
Por un lado, el diputado justicialista Alfredo Atanasof sostuvo que la bancada que integra está "dispuesta a discutir" la posibilidad de introducir modificaciones al modelo sindical argentino. Sin embargo, Atanasof aclaró que el principal bloque opositor aguardará a conocer las conclusiones de una comisión que el Gobierno convocó con ese objetivo, antes de pronunciarse sobre la cuestión.
"Es un tema que se viene debatiendo desde hace muchos años. Finalmente se decide convocar a una comisión y habría que ver qué avances se producen allí para después poder discutirlo", indicó el legislador de extracción sindical.
Atanasoff reconoció que existen resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo contra la legislación que regula a los sindicatos en la Argentina, pero recordó que "todos los gobiernos" aceptaron las leyes vigentes.
"Estamos dispuestos a discutir el tema pero primero vamos a escuchar la opinión de la comisión y de la OIT", indicó el diputado peronista.
Totalmente en contra se mostró el diputado sindical Saúl Ubaldini, quien calificó como "un nuevo ataque" contra las organizaciones gremiales, la iniciativa del gobierno para modificar el sistema sindical argentino, y aclaró que no son "exigencias sino recomendaciones" de la OIT, que "van de acuerdo como se toman".
"Es un nuevo ataque, no contra la dirigencia sindical sino contra las organizaciones. Nosotros esperábamos una convocatoria para tratar el seguro de desempleo, evitar la explotación laboral, el llamado a una concertación seria y responsable", señaló Ubaldini.
El legislador aclaró que las directivas de la OIT "no son exigencias sino recomendaciones, que van de acuerdo como se toman" y recordó que la OIT, en 1984 "se expresó en favor del modelo sindical argentino".
En este marco, el Gobierno anunció la creación de una comisión para analizar la reforma de la ley 23.551 (de asociaciones gremiales), como lo reclama desde 1986 la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo para garantizar la libertad sindical.
La Argentina había sido observada por ese Comité durante las administraciones de los ex presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem y, en ambas oportunidades, admitió que existían violaciones a los convenios de la OIT 87 y 98.
La presión del organismo con sede en Ginebra y la posibilidad de que Argentina aparezca en "pie de página" en el informe que se presentará en junio cuando delibere la Conferencia Anual de la OIT en Ginebra, llevó a que la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, creara una comisión local de expertos en el campo sindical para adecuar la legislación a los reclamos.
La titular de la oficina de la OIT para Argentina, Uruguay y Paraguay, Ana Lía Piñeyrua, confirmó que Argentina es "continuamente observada por el Comité de Expertos, porque entiende que la actual legislación recorta las posibilidades de que exista más de una central sindical".
La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, anunció que la comisión encargada de reformar el sistema sindical argentino, para adecuarlo a requerimientos de la OIT, comenzará sus funciones con una reunión la próxima semana.
"La semana que viene va a comenzar sus reuniones", dijo Bullrich en la Casa de Gobierno al término de un encuentro que mantuvo con el presidente Fernando de la Rúa y en el cual se discutió la conformación del grupo que estudiará las objeciones de la Organización Internacional del Trabajo al sistema sindical argentino.
Aunque no adelantó los nombres de la futura comisión, la funcionaria destacó que los cambios que se realizarán "serán consensuados entre las partes", en base a un decreto firmado el 21 de noviembre por De la Rúa con la anuencia de la CGT oficial, la central sindical liderada por Hugo Moyano, la Central de Trabajadores Argentinos y la Unión Industrial Argentina.
